Jueves 1 Mayo 2014
PALCO DE PRENSA
Los hombres de Kiko | Por : Gilberto LAVENANT
Cuando los políticos, sean aspirantes a la gubernatura o a alcaldías, son declarados electos, son muy remotas las posibilidades de que algo impida que asuman sus respectivos cargos. Por lo tanto, deben aprovechar el tiempo que les resta, antes de iniciar sus gestiones, para integrar sus equipos de trabajo.
Lo recomendable, es seleccionar a los mejores hombres o mujeres, tomando en cuenta su capacidad, experiencia y el perfil, conforme a su desempeño profesional, para ubicarlos en las posiciones en donde se presuma que podrán dar los mejores resultados.
Algo sumamente especial, se debe revisar, a conciencia, la integridad física y moral, de cada uno de ellos. Exhortarlos a que hagan un exámen de conciencia y a pedirles que, al menos una vez en su vida, digan la verdad. Que confiesen si es que han cometido algún pecado, que pueda ser impedimento, para integrarse a la función pública.
Muchos, se guardan presuntos “detallitos”, bajo la tésis de que en el sistema político mexicano, es posible hacer de todo, incluso cosas ilegales, y que nunca pasa nada. Ejemplos de impunidad, abundan. Las historias de personajes, que son unos pillos, y que sin embargo gozan de plena libertad, y de las riquezas mal habidas, alienta a muchos otros a hacer lo mismo.
Pero, un día, se rompen las reglas y se les cae el mundo encima. Como quien dicen, se les cae la vestimenta y quedan bichis, o bien les “jalan el tapete” y caen estrepitosa y bochornosamente. El caso del Secretario General de Gobierno, Guillermo Trejo Dozal, y sus socios, en una empresa prestadora de servicios médicos, es ejemplo de ello.
Este, es un asunto especial, pues las investigaciones iniciaron mucho antes de que su amigo el Gobernador los llamara a integrarse a su equipo de gobierno. Subestimaron los hechos y actuaron con negligencia y sobrada soberbia. Seguramente supusieron que ellos no serían la excepción en las reglas de impunidad. Sobre todo, hombres de confianza de Kiko, el gobernador. Faltaba más.
Y, ya ven, les fallaron las suposiciones. Trejo Dozal, contra su voluntad, tuvo que dejar la Secretaría General de Gobierno y hoy, es el fugitivo más importante de Baja California. Sigue pendiente el caso del Secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache, que retornó a la función pública, hasta que pudo comprobar que efectivamente no se libró orden de aprehensión en su contra. Ingenuamente, piensa que ya está a salvo.
Ahora, toca el turno, a Antonio Valladolid Rodríguez, Secretario de Planeación y Finanzas. Cuatro ciudadanos, encabezados por Rubén Ovando Ulloa, de la llamada Corriente Crítica del PRI, presentaron demanda de juicio político, desde el pasado 9 de abril, procediendo a su ratificación en la misma fecha.
La demanda, cuya copia obra en poder del columnista, está bien estructurada y debidamente fundamentada. Lo acusan, de haber omitido asumir la Sindicatura Social del Ayuntamiento de Tijuana, bajo el simple hecho de que le resultó más atractivo incorporarse al equipo de Kiko. Mejor sueldo y mayor proyección política. Al menos, los dos primeros años, para luego buscar la candidatura panista a la alcaldía de Tijuana, en el 2016.
Cabe recordar, que el día del evento de toma de posesión de los integrantes del XXI Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el Dr. Jorge Astiazarán Orcí, causó confusión y desconcierto, la ausencia, sin causa justificada, de Antonio Valladolid, para asumir la Sindicatura Social.
Entonces, estando en el evento Bernabé Esquer, el suplente, se le invitó para que asumiera el cargo, ante la ausencia del titular. Algo lógico, pero apartado de las normas legales. Sobre todo, porque en ningún momento se justificó la ausencia de Valladolid, y mucho menos su imposibilidad para asumir la Sindicatura Social.
En estricto derecho, podría decirse, que Esquer, está desempeñando un cargo, que no le corresponde. En todo caso, Valladolid debió acudir a tomar posesión, inmediatamente después solicitar licencia para retirarse del cargo, dejando en su lugar a su suplente.
Un conflicto, casi similar, ocurrió con Perla del Socorro Ibarra, que no pudo asumir de inmediato el cargo de Procuradora de Justicia, pues ostentaba el de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Tuvo que cubrirse el protocolo para lograr licencia que le permitiera dejar su posición judicial.
En el caso de Valladolid, le valieron gorro las formas. No se aguantó las ganas de ocupar de inmediato la titularidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas y resultaría absurdo que al mismo tiempo asumiera la Sindicatura Social. Algo absurdo.
Sin embargo, Valladolid, al desdeñar la Sindicatura Social del Ayuntamiento de Tijuana, que seguramente le pareció poca cosa, frente a la de responsable de las finanzas del gobierno estatal, que ya había asumido, y ahora tendrá que enfrentar el juicio político.
El problema para Valladolid, es que no objetó, ni impugnó, la constancia de asignación, que hizo en su favor el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, respecto de la Sindicatura Social del XXI Ayuntamiento de Tijuana y por lo tanto estaba obligado a asumir dicho cargo. Al no hacerlo, se está pidiendo que lo enjuicien.
De resolverse procedente, no solamente tendría que dejar la titularidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, sino incluso sería inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración Pública y se aniquilarían sus aspiraciones a la Alcaldía de Tijuana.
Estos, son los resultados de la voracidad. Le hizo “fuchi” a la Sindicatura, por parecerle poca cosa y ahora podría pasarle lo que al perro de las dos tortas, que se quede sin la una y sin la otra.
gil_lavenants@hotmail.com
miércoles, 30 de abril de 2014
martes, 29 de abril de 2014
Borrón y cuenta nueva!
Miércoles 30 Abril 2014
PALCO DE PRENSA
“Borrón y cuenta nueva”. | Por: Gilberto LAVENANT
Emulando al Gobernador Kiko Vega, el XXI Ayuntamiento de Tijuana, que encabeza el Dr. Jorge Astiazarán Orcí, está poniendo en marcha un programa, denominado “Borrón y cuenta nueva”. Bueno, no es para los mismos fines, ni se ha recurrido a campañas mediáticas para darlo a conocer abiertamente, sino todo lo contrario. Sin embargo, hay claras evidencias de ello.
El programa del gobernador panista, en cumplimiento a una promesa de campaña, fue para alentar a los usuarios del servicio de agua, eliminándoles los adeudos acumulados, a fin de que se pongan al corriente, a partir de un convenio con los organismos administradores del servicio de agua por tubería.
El programa “Borrón y cuenta nueva” del XXI Ayuntamiento, no es para alentar a los contribuyentes del impuesto predial, o algo parecido. Para Nada. Se trata de hacer, como que el empresario priísta, Carlos Bustamante Anchondo, no cometió “pecado” alguno, en su gestión.
Cualquiera podría decir, que ya hubo negociación, algunos le llaman tranza, entre el actual Alcalde y su antecesor, en la que también participó el Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, para olvidar las múltiples irregularidades en que se incurrió durante la gestión del XX Ayuntamiento.
A 5 meses de iniciada la gestión del XXI Ayuntamiento, que se sepa, no se ha hecho nada, para fincar responsabilidades a los funcionarios del gobierno encabezado por Bustamante y todo indica que no se hará nada.
Postura similar ha asumido el Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, quien desde antes de tomar posesión, presumía que sería un Síndico diferente, que no toleraría acto alguno de corrupción. Pero luego del severo “tropezón” del escándalo político, suscitado, al revelar el Alcalde que estaba siendo extorsionado, por los Ledezma Romo –Arturo y Miguel- exigiéndole el 50% de los ingresos ilegales del gobierno municipal, se “apagó” casi por completo.
Hoy, la Sindicatura Procuradora, se ha convertido en una simple oficina de trámites administrativos. Tal parece que las numerosas cajas, con documentos, que llevó a la sesión de cabildo, en donde pretendían juzgarlo por el escándalo político, para justificar sus acciones de suspensión de las obras de la Calle Segunda, así como la suspensión de varios funcionarios municipales, “desaparecieron”.
Ambas partes, Alcalde y Síndico Procurador, están más preocupados por limpiar la imagen de Bustamante, que en implementar programas coherentes y congruentes, para denunciar la serie de asuntos nebulosos o marcadamente oscuros, que les heredó el XX Ayuntamiento.
Tal vez, alguien les planteó la sentencia aquella que advierte : “los carniceros de hoy, serán las reses del mañana” y optaron por “agarrarle la pata a la vaca”, suponiendo que no incurrían en faltas graves, pues ellos “no la estaban matando”, sino el antecesor.
Asuntos a discutir, hay muchos. Uno de los más graves, que aún pocos conocen, es el asunto de las luminarias. Son en total 63,400. Cabe recordar que Bustamante Anchondo, las adquirió en arrendamiento, mediante un contrato a 26 meses, con un costo total de más de 144 millones de pesos. Con el costo financiero, subió a 179 millones de pesos.
Sin embargo, incurrieron en múltiples irregularidades o actos sumamente sospechosos. Habiendo celebrado el contrato de arrendamiento el 20 de septiembre de 2011, con la empresa Sola Basic, S.A. de C.V., aún antes de instalare una sola luminaria, casi 3 meses después, el 19 de diciembre de 2011, el Alcalde Bustamante pagó por adelantado, los primeros 26 meses de renta. Que generosidad. Claro, el dinero no era suyo.
La erogación fue por un monto de más de 141 millones de pesos –qué chulada, rentadas y pagadas por adelantado- dejando pendiente de pago solamente el último mes, el correspondiente al mes de noviembre de 2013, por poco más de 3 millones de pesos. Lo peor es que no le pagaron a la arrendadora, sino a una tercera empresa, totalmente ajena.
Las famosas luminarias, además de que no fueron instaladas las 63,400 contratadas, en su mayoría dejaron de funcionar, en cuanto fueron instaladas. En escrito inicial de demanda, de fecha 20 de septiembre de 2013, mediante el cual el XX Ayuntamiento, supuestamente, exigía a la empresa arrendadora, el cumplimiento del contrato de arrendamiento, le reclaman, le pague al gobierno local, la reparación de 18,632 luminarias descompuestas, cuya renta le fue pagada en forma anticipada.
A esto se le agrega, que las 63,400 viejas lámparas, que iluminaban la ciudad de Tijuana, inicialmente acumuladas en un terreno baldío de la Zona Río, desaparecieron. Nadie sabe en donde fueron a parar.
Además de lo raro del arrendamiento, según estudio realizado por el Regidor Luis Felipe Ledezma, economista, las 63,400 luminarias, a precio de mercado, tienen un costo de compra, de solamente 29 millones 923 mil pesos, o sea 114 millones de pesos menos, que lo que Bustamante pagó por el simple arrendamiento.
Los que esperaban que en cualquier momento, el Alcalde Astiazarán denunciaría estos hechos, ante la Procuraduría de Justicia del Estado, por el evidente daño patrimonial, ocasionado al gobierno local, seguro se sorprenderán cuando se enteren que no habrá tal denuncia y que incluso, en lugar de eso, se pactó con la empresa arrendadora, que las repare, con la presunta finalidad de recibirlas, pagarle el último mes de arrendamiento y que ésta pueda recuperar la fianza, por 144 millones de pesos.
Lo dicho, tanto peca, el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. Se les advierte, que es inminente que un tercero presente la denuncia, ante la omisión del XXI Ayuntamiento. De hacerlo, serían muchos más los involucrados.
gil_lavenants@hotmail.com
PALCO DE PRENSA
“Borrón y cuenta nueva”. | Por: Gilberto LAVENANT
Emulando al Gobernador Kiko Vega, el XXI Ayuntamiento de Tijuana, que encabeza el Dr. Jorge Astiazarán Orcí, está poniendo en marcha un programa, denominado “Borrón y cuenta nueva”. Bueno, no es para los mismos fines, ni se ha recurrido a campañas mediáticas para darlo a conocer abiertamente, sino todo lo contrario. Sin embargo, hay claras evidencias de ello.
El programa del gobernador panista, en cumplimiento a una promesa de campaña, fue para alentar a los usuarios del servicio de agua, eliminándoles los adeudos acumulados, a fin de que se pongan al corriente, a partir de un convenio con los organismos administradores del servicio de agua por tubería.
El programa “Borrón y cuenta nueva” del XXI Ayuntamiento, no es para alentar a los contribuyentes del impuesto predial, o algo parecido. Para Nada. Se trata de hacer, como que el empresario priísta, Carlos Bustamante Anchondo, no cometió “pecado” alguno, en su gestión.
Cualquiera podría decir, que ya hubo negociación, algunos le llaman tranza, entre el actual Alcalde y su antecesor, en la que también participó el Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, para olvidar las múltiples irregularidades en que se incurrió durante la gestión del XX Ayuntamiento.
A 5 meses de iniciada la gestión del XXI Ayuntamiento, que se sepa, no se ha hecho nada, para fincar responsabilidades a los funcionarios del gobierno encabezado por Bustamante y todo indica que no se hará nada.
Postura similar ha asumido el Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, quien desde antes de tomar posesión, presumía que sería un Síndico diferente, que no toleraría acto alguno de corrupción. Pero luego del severo “tropezón” del escándalo político, suscitado, al revelar el Alcalde que estaba siendo extorsionado, por los Ledezma Romo –Arturo y Miguel- exigiéndole el 50% de los ingresos ilegales del gobierno municipal, se “apagó” casi por completo.
Hoy, la Sindicatura Procuradora, se ha convertido en una simple oficina de trámites administrativos. Tal parece que las numerosas cajas, con documentos, que llevó a la sesión de cabildo, en donde pretendían juzgarlo por el escándalo político, para justificar sus acciones de suspensión de las obras de la Calle Segunda, así como la suspensión de varios funcionarios municipales, “desaparecieron”.
Ambas partes, Alcalde y Síndico Procurador, están más preocupados por limpiar la imagen de Bustamante, que en implementar programas coherentes y congruentes, para denunciar la serie de asuntos nebulosos o marcadamente oscuros, que les heredó el XX Ayuntamiento.
Tal vez, alguien les planteó la sentencia aquella que advierte : “los carniceros de hoy, serán las reses del mañana” y optaron por “agarrarle la pata a la vaca”, suponiendo que no incurrían en faltas graves, pues ellos “no la estaban matando”, sino el antecesor.
Asuntos a discutir, hay muchos. Uno de los más graves, que aún pocos conocen, es el asunto de las luminarias. Son en total 63,400. Cabe recordar que Bustamante Anchondo, las adquirió en arrendamiento, mediante un contrato a 26 meses, con un costo total de más de 144 millones de pesos. Con el costo financiero, subió a 179 millones de pesos.
Sin embargo, incurrieron en múltiples irregularidades o actos sumamente sospechosos. Habiendo celebrado el contrato de arrendamiento el 20 de septiembre de 2011, con la empresa Sola Basic, S.A. de C.V., aún antes de instalare una sola luminaria, casi 3 meses después, el 19 de diciembre de 2011, el Alcalde Bustamante pagó por adelantado, los primeros 26 meses de renta. Que generosidad. Claro, el dinero no era suyo.
La erogación fue por un monto de más de 141 millones de pesos –qué chulada, rentadas y pagadas por adelantado- dejando pendiente de pago solamente el último mes, el correspondiente al mes de noviembre de 2013, por poco más de 3 millones de pesos. Lo peor es que no le pagaron a la arrendadora, sino a una tercera empresa, totalmente ajena.
Las famosas luminarias, además de que no fueron instaladas las 63,400 contratadas, en su mayoría dejaron de funcionar, en cuanto fueron instaladas. En escrito inicial de demanda, de fecha 20 de septiembre de 2013, mediante el cual el XX Ayuntamiento, supuestamente, exigía a la empresa arrendadora, el cumplimiento del contrato de arrendamiento, le reclaman, le pague al gobierno local, la reparación de 18,632 luminarias descompuestas, cuya renta le fue pagada en forma anticipada.
A esto se le agrega, que las 63,400 viejas lámparas, que iluminaban la ciudad de Tijuana, inicialmente acumuladas en un terreno baldío de la Zona Río, desaparecieron. Nadie sabe en donde fueron a parar.
Además de lo raro del arrendamiento, según estudio realizado por el Regidor Luis Felipe Ledezma, economista, las 63,400 luminarias, a precio de mercado, tienen un costo de compra, de solamente 29 millones 923 mil pesos, o sea 114 millones de pesos menos, que lo que Bustamante pagó por el simple arrendamiento.
Los que esperaban que en cualquier momento, el Alcalde Astiazarán denunciaría estos hechos, ante la Procuraduría de Justicia del Estado, por el evidente daño patrimonial, ocasionado al gobierno local, seguro se sorprenderán cuando se enteren que no habrá tal denuncia y que incluso, en lugar de eso, se pactó con la empresa arrendadora, que las repare, con la presunta finalidad de recibirlas, pagarle el último mes de arrendamiento y que ésta pueda recuperar la fianza, por 144 millones de pesos.
Lo dicho, tanto peca, el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. Se les advierte, que es inminente que un tercero presente la denuncia, ante la omisión del XXI Ayuntamiento. De hacerlo, serían muchos más los involucrados.
gil_lavenants@hotmail.com
El Camillero ll
Martes 29 Abril 2014
PALCO DE PRENSA
El camillero II | Por : Gilberto LAVENANT
Ayer refería el columnista, autor de Palco de Prensa, que el flamante Secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares Valladares, no tiene el perfil, ni la experiencia, para ser el responsable de la seguridad pública de los tijuanenses, en forma eficiente. Que lo suyo es la medicina o el área de emergencias médicas, por su paso por la Cruz Roja, de donde sus subordinados lo identifican como “el camillero”.
Hubo quienes salieron a su defensa, es cierto, pero la gran mayoría lamentó que el jefe policiaco de Tijuana, no tenga formación o preparación como policía. Podría decirse que es un fanático de las series de televisión sobre policías y ladrones, pero la realidad no tiene nada que ver con las historietas televisivas. La realidad es cruel, lacera, causa daños materiales y humanos.
Y aunque no se le puede reclamar, por todo lo que pasa en esta frontera, vale la pena observar los datos que maneja el C.P. Juan Manuel Hernández Niebla, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, respecto a la violencia o la seguridad pública en Tijuana. El que Lares sea bonachón, no ayuda en nada. Ni tampoco el que sea amigo o viejo conocido del Alcalde Jorge Astiazarán.
Conforme a dicha información, de la que ayer AFN publicó la nota correspondiente, empresarios de Tijuana se encuentran preocupados, debido a que en la ciudad se han incrementado los delitos de homicidio, plagios y extorsión, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que destaca el CCE.
Por ejemplo, el delito de secuestro, aumentó en un 100%. En el primer trimestre del 2014, la incidencia delictiva en general aumentó 3%, al pasar de 11 mil 307 delitos a 11 mil 665.
Así mismo, el robo de vehículos, aumentó en 1%, cuando en los últimos 10 años había mostrado disminución permanente.
Los robos a casa habitación y a comercio, presentaron un decremento del 6% y 12%, respectivamente, pero el robo con violencia se elevó hasta un 11%, después de 5 años de mantenerse a la baja.
Por lo que se refiere a los homicidios, pasaron de 129 a 137, o sea aumentaron un 6%.
El delito de secuestro, se incrementó en un 100%, en comparación con el mismo periodo de 2013, cuando fueron de 5 privaciones ilegales de la libertad y ahora 10 en 2014.
Hernández Niebla, señala que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California ocupa el décimo lugar de las entidades con mayores víctimas de homicidio, secuestro y extorsión. Que tan sólo de enero a marzo, del año en curso, se han presentado 80 casos de extorsión, 13 de secuestro y 294 homicidios. Pero el señor Lares, se atreve a decir que el repunte de violencia, es cuestión de percepción.
Inmediatamente después, de haber empezado a circular la columna titulada “El camillero”, una persona, que dijo ser policía municipal, activo desde hace aproximádamente 20 años, a través de correo electrónico, comentó que como muchos de ellos, se han capacitado e incluso han cursado estudios profesionales, tanto en derecho como en criminología, y sin embargo no reciben oportunidad alguna de ostentar posiciones de mando.
Por ello les resulta irónico y hasta ofensivo, que al frente de la institución de seguridad pública municipal, se encuentre un individuo sin preparación policiaca. Que prácticamente abandonó sus labores de rescatista -de donde viene el mote de “el camillero”- sin estar capacitado para ello.
Pero, lo de Lares, dice, no es el único caso. Afirma que “al interior de la SSPM, absolutamente todos los mandos son por dedazo, compadrazgo o compromiso. Por eso hay tanto desorden, deslealtades, traiciones. Se han ido perdiendo los valores”.
Cabe observar, una mención especial que hace : “el subdirector operativo, de nombre Fernando García, estuvo mucho tiempo suspendido por dar positivo al antidpoing. Está todo tatuado y solo tiene la primaria. Así mismo, tiene un hijo expolicía municipal, el cual fue dado de baja, por dar positivo en el antidoping. Se encuentra detenido por delincuencia organizada, secuestros y homicidios, incluídos policías”.
Incluso, refiere el perfil de dicho individuo : “García, es extremadamente violento, arbitrario, prepotente y demás. Es sólo un ejemplo de los mandos que tenemos”.
Curiosamente, el tal Fernando García, a quien identifican como Comandante, es el policía de mayor rango, en el incidente en que fueron detenidos y procesados dos escoltas del Director de la Policía, Reyes Montilla, quienes al ser absueltos, ahora afirman que presentaron denuncia penal en su contra, así como en contra de todos los demás involucrados, por haberlos acusados de hechos falsos.
El que Lares sea bonachón, inexperto e ingenuo, no justifica para nada el desorden que existe al interior de la corporación policiaca, y mucho menos las condiciones de inseguridad prevalecientes en la ciudad. Bueno, él dice que son meras percepciones.
A cada rato, brotan por doquier, los casos de abusos policiacos. El asunto de los escoltas de Reyes Montilla, es el colmo. Lares, en lugar de acreditar que haya investigado los hechos, para deslindar responsabilidades, simplemente se pronuncia a favor de los presuntos responsables de tal arbitrariedad. Tal parece que el Alcalde Astiazarán, está en espera de que pase una tragedia, o un asunto de mayor trascendencia, para decidir sobre la remoción de “el camillero”. Ojalá no sea demasiado tarde.
gil_lavenants@hotmail.com
PALCO DE PRENSA
El camillero II | Por : Gilberto LAVENANT
Ayer refería el columnista, autor de Palco de Prensa, que el flamante Secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares Valladares, no tiene el perfil, ni la experiencia, para ser el responsable de la seguridad pública de los tijuanenses, en forma eficiente. Que lo suyo es la medicina o el área de emergencias médicas, por su paso por la Cruz Roja, de donde sus subordinados lo identifican como “el camillero”.
Hubo quienes salieron a su defensa, es cierto, pero la gran mayoría lamentó que el jefe policiaco de Tijuana, no tenga formación o preparación como policía. Podría decirse que es un fanático de las series de televisión sobre policías y ladrones, pero la realidad no tiene nada que ver con las historietas televisivas. La realidad es cruel, lacera, causa daños materiales y humanos.
Y aunque no se le puede reclamar, por todo lo que pasa en esta frontera, vale la pena observar los datos que maneja el C.P. Juan Manuel Hernández Niebla, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, respecto a la violencia o la seguridad pública en Tijuana. El que Lares sea bonachón, no ayuda en nada. Ni tampoco el que sea amigo o viejo conocido del Alcalde Jorge Astiazarán.
Conforme a dicha información, de la que ayer AFN publicó la nota correspondiente, empresarios de Tijuana se encuentran preocupados, debido a que en la ciudad se han incrementado los delitos de homicidio, plagios y extorsión, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que destaca el CCE.
Por ejemplo, el delito de secuestro, aumentó en un 100%. En el primer trimestre del 2014, la incidencia delictiva en general aumentó 3%, al pasar de 11 mil 307 delitos a 11 mil 665.
Así mismo, el robo de vehículos, aumentó en 1%, cuando en los últimos 10 años había mostrado disminución permanente.
Los robos a casa habitación y a comercio, presentaron un decremento del 6% y 12%, respectivamente, pero el robo con violencia se elevó hasta un 11%, después de 5 años de mantenerse a la baja.
Por lo que se refiere a los homicidios, pasaron de 129 a 137, o sea aumentaron un 6%.
El delito de secuestro, se incrementó en un 100%, en comparación con el mismo periodo de 2013, cuando fueron de 5 privaciones ilegales de la libertad y ahora 10 en 2014.
Hernández Niebla, señala que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California ocupa el décimo lugar de las entidades con mayores víctimas de homicidio, secuestro y extorsión. Que tan sólo de enero a marzo, del año en curso, se han presentado 80 casos de extorsión, 13 de secuestro y 294 homicidios. Pero el señor Lares, se atreve a decir que el repunte de violencia, es cuestión de percepción.
Inmediatamente después, de haber empezado a circular la columna titulada “El camillero”, una persona, que dijo ser policía municipal, activo desde hace aproximádamente 20 años, a través de correo electrónico, comentó que como muchos de ellos, se han capacitado e incluso han cursado estudios profesionales, tanto en derecho como en criminología, y sin embargo no reciben oportunidad alguna de ostentar posiciones de mando.
Por ello les resulta irónico y hasta ofensivo, que al frente de la institución de seguridad pública municipal, se encuentre un individuo sin preparación policiaca. Que prácticamente abandonó sus labores de rescatista -de donde viene el mote de “el camillero”- sin estar capacitado para ello.
Pero, lo de Lares, dice, no es el único caso. Afirma que “al interior de la SSPM, absolutamente todos los mandos son por dedazo, compadrazgo o compromiso. Por eso hay tanto desorden, deslealtades, traiciones. Se han ido perdiendo los valores”.
Cabe observar, una mención especial que hace : “el subdirector operativo, de nombre Fernando García, estuvo mucho tiempo suspendido por dar positivo al antidpoing. Está todo tatuado y solo tiene la primaria. Así mismo, tiene un hijo expolicía municipal, el cual fue dado de baja, por dar positivo en el antidoping. Se encuentra detenido por delincuencia organizada, secuestros y homicidios, incluídos policías”.
Incluso, refiere el perfil de dicho individuo : “García, es extremadamente violento, arbitrario, prepotente y demás. Es sólo un ejemplo de los mandos que tenemos”.
Curiosamente, el tal Fernando García, a quien identifican como Comandante, es el policía de mayor rango, en el incidente en que fueron detenidos y procesados dos escoltas del Director de la Policía, Reyes Montilla, quienes al ser absueltos, ahora afirman que presentaron denuncia penal en su contra, así como en contra de todos los demás involucrados, por haberlos acusados de hechos falsos.
El que Lares sea bonachón, inexperto e ingenuo, no justifica para nada el desorden que existe al interior de la corporación policiaca, y mucho menos las condiciones de inseguridad prevalecientes en la ciudad. Bueno, él dice que son meras percepciones.
A cada rato, brotan por doquier, los casos de abusos policiacos. El asunto de los escoltas de Reyes Montilla, es el colmo. Lares, en lugar de acreditar que haya investigado los hechos, para deslindar responsabilidades, simplemente se pronuncia a favor de los presuntos responsables de tal arbitrariedad. Tal parece que el Alcalde Astiazarán, está en espera de que pase una tragedia, o un asunto de mayor trascendencia, para decidir sobre la remoción de “el camillero”. Ojalá no sea demasiado tarde.
gil_lavenants@hotmail.com
domingo, 27 de abril de 2014
El Camillero
Lunes 28 Abril 2014
PALCO DE PRENSA
El camillero. | Por : Gilberto LAVENANT
Aunque, para algunos, puede resultar peyorativo, o sea despectivo, al Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Alejandro Lares Valladares, la “tropa” de la corporación lo identifica como “el camillero”. Por su formación en los servicios de emergencia de la Cruz Roja.
Es el jefe máximo de la policía municipal, pero sus subordinados, no lo consideran policía. Estiman que no tiene formación policiaca y que si bien es cierto que formaba parte de la corporación, cuando el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí decidió designarlo como titular de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, casi fue por mero accidente.
Algo así como estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Se trataba de encontrar a alguien que fuese parte de la corporación, pero que no estuviese “maleado”. Era el oficial de enlace. Dominio del idioma inglés y excelentes relaciones con las autoridades policiacas del sur de California. Parecía estar a la medida de las necesidades.
Pero, dicen que nadie es perfecto, irónica o absurdamente, el nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, no tiene formación policiaca. Quizás nunca ha portado una arma. Lo suyo, es la salud, no la seguridad pública. Su uniforme habitual es de color blanco, no el de “militar” que le heredó su antecesor, Alberto Capella.
Seguramente Alejandro nunca aspiró a tal cargo, pues su perfil y formación, es en el ramo de la medicina. Al igual que Astiazarán, gran parte de su jóven vida –apenas tiene 36 años- la pasó en la Cruz Roja. Por eso le identifican como “El camillero”.
Lares nació el 28 de noviembre de 1978, en la Ciudad de México, Distrito Federal. En su curriculum, dado a conocer el 25 de noviembre del 2013, a unos días del inicio de la gestión del XXI Ayuntamiento, se indica que estaba cursando la carrera de médico cirujano, en la Universidad Xochicalco, aquí en Tijuana.
Bueno, también cursó la Licenciatura en Derecho, en Univer, así como una especialidad en criminalística, en la misma institución universitaria, pero tal vez ni siquiera sabe en donde se encuentran los tribunales civiles o penales.
Así mismo, se anota que cursó un diplomado en alta dirección en el Cetys Universidad, otro en Justicia Criminal en una Universidad de Virginia y acudió a la Academia nacional del FBI, también Virginia. No se explica esto último, pero parece ser lo más cercano al ámbito policiaco.
Es importante analizar todo esto, para saber en manos de quien está la responsabilidad de la seguridad pública de los tijuanenses y que, por lo visto, no son precisamente las mejores. No porque sea un mal elemento, sino porque no es el idóneo para tener a su mando una corporación policiaca como la de Tijuana, una ciudad con alta incidencia delictiva.
Veamos su experiencia profesional. De 1993 a 1996, fue tramitador en la Agencia Aduanal Lares. Luego, de 1996 a 2006, se desempeñó como técnico en urgencias médicas, en la Cruz Roja de Tijuana.
Posteriormente, de 2006 a 2013, fue instructor de capacitación en la Escuela de Técnicas en Urgencias Médicas, en la Cruz Roja. No se indica a partir de cuándo fue designado oficial de enlace, en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero, propiamente dicho, nunca ha sido policía. Aunque ahora sea el jefe.
Así es que “no se puede pedir peras al olmo”. El flamante Secretario de Seguridad Pública Municipal, apenas está conociendo, realmente, la corporación. Para “la tropa”, es casi un extraño. Por eso le identifican como “el camillero”.
Tal vez por ello, durante los primeros meses de su gestión, fue notorio su enfrentamiento con Reyes Montilla López, Director General de Policía y Tránsito Municipal. Este último, se resistía a aceptar, que alguien que no es policía, fuese su jefe. Que alguien que no conoce la función policiaca, le dijera lo que tenía qué hacer.
Lares tuvo que hablar con el Alcalde Astiazarán, para pedirle que le indicara a Montilla, que dejara de llevarle las contras. Que le permitiera desempeñarse como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, sin tratar de opacarlo o ponerlo en mal. El relajamiento era casi general, al interior de la corporación.
Bajo tales condiciones, y con un personaje como Lares Valladares, no se puede esperar, que la seguridad pública municipal, sea realmente eficiente. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, no es una institución meramente administrativa, en donde se pueda llegar a aprender.
Definitivamente, la formación policiaca y la experiencia del titular, son esenciales o fundamentales para su buen funcionamiento. No habiendo, ni una cosa, ni la otra, se explican las fallas, que se reflejan en actos de indisciplina, abusos y corrupción.
Aunque parezca una exageración, imaginen que, por lazos de amistad con el Alcalde Astiazarán, a Reyes Montilla López, lo hayan designado jefe de urgencias de la Cruz Roja. Sería el caos. El ejemplo es válido, en el caso de “El camillero”, como jefe policiaco.
Para colmo de males, no obstante su nula formación y experiencia, en materia de seguridad pública, Lares Valladares, ya se siente policía. Tal vez parezca policía, casi “general”, por el uniforme, pero tal vez ni las claves de comunicación se ha aprendido.
En justicia, habría qué precisar, que “no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre”. Como dirían los religiosos : “que Dios nos agarre confesados”.
gil_lavenants@hotmail.com
PALCO DE PRENSA
El camillero. | Por : Gilberto LAVENANT
Aunque, para algunos, puede resultar peyorativo, o sea despectivo, al Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Alejandro Lares Valladares, la “tropa” de la corporación lo identifica como “el camillero”. Por su formación en los servicios de emergencia de la Cruz Roja.
Es el jefe máximo de la policía municipal, pero sus subordinados, no lo consideran policía. Estiman que no tiene formación policiaca y que si bien es cierto que formaba parte de la corporación, cuando el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí decidió designarlo como titular de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, casi fue por mero accidente.
Algo así como estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Se trataba de encontrar a alguien que fuese parte de la corporación, pero que no estuviese “maleado”. Era el oficial de enlace. Dominio del idioma inglés y excelentes relaciones con las autoridades policiacas del sur de California. Parecía estar a la medida de las necesidades.
Pero, dicen que nadie es perfecto, irónica o absurdamente, el nuevo Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, no tiene formación policiaca. Quizás nunca ha portado una arma. Lo suyo, es la salud, no la seguridad pública. Su uniforme habitual es de color blanco, no el de “militar” que le heredó su antecesor, Alberto Capella.
Seguramente Alejandro nunca aspiró a tal cargo, pues su perfil y formación, es en el ramo de la medicina. Al igual que Astiazarán, gran parte de su jóven vida –apenas tiene 36 años- la pasó en la Cruz Roja. Por eso le identifican como “El camillero”.
Lares nació el 28 de noviembre de 1978, en la Ciudad de México, Distrito Federal. En su curriculum, dado a conocer el 25 de noviembre del 2013, a unos días del inicio de la gestión del XXI Ayuntamiento, se indica que estaba cursando la carrera de médico cirujano, en la Universidad Xochicalco, aquí en Tijuana.
Bueno, también cursó la Licenciatura en Derecho, en Univer, así como una especialidad en criminalística, en la misma institución universitaria, pero tal vez ni siquiera sabe en donde se encuentran los tribunales civiles o penales.
Así mismo, se anota que cursó un diplomado en alta dirección en el Cetys Universidad, otro en Justicia Criminal en una Universidad de Virginia y acudió a la Academia nacional del FBI, también Virginia. No se explica esto último, pero parece ser lo más cercano al ámbito policiaco.
Es importante analizar todo esto, para saber en manos de quien está la responsabilidad de la seguridad pública de los tijuanenses y que, por lo visto, no son precisamente las mejores. No porque sea un mal elemento, sino porque no es el idóneo para tener a su mando una corporación policiaca como la de Tijuana, una ciudad con alta incidencia delictiva.
Veamos su experiencia profesional. De 1993 a 1996, fue tramitador en la Agencia Aduanal Lares. Luego, de 1996 a 2006, se desempeñó como técnico en urgencias médicas, en la Cruz Roja de Tijuana.
Posteriormente, de 2006 a 2013, fue instructor de capacitación en la Escuela de Técnicas en Urgencias Médicas, en la Cruz Roja. No se indica a partir de cuándo fue designado oficial de enlace, en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero, propiamente dicho, nunca ha sido policía. Aunque ahora sea el jefe.
Así es que “no se puede pedir peras al olmo”. El flamante Secretario de Seguridad Pública Municipal, apenas está conociendo, realmente, la corporación. Para “la tropa”, es casi un extraño. Por eso le identifican como “el camillero”.
Tal vez por ello, durante los primeros meses de su gestión, fue notorio su enfrentamiento con Reyes Montilla López, Director General de Policía y Tránsito Municipal. Este último, se resistía a aceptar, que alguien que no es policía, fuese su jefe. Que alguien que no conoce la función policiaca, le dijera lo que tenía qué hacer.
Lares tuvo que hablar con el Alcalde Astiazarán, para pedirle que le indicara a Montilla, que dejara de llevarle las contras. Que le permitiera desempeñarse como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, sin tratar de opacarlo o ponerlo en mal. El relajamiento era casi general, al interior de la corporación.
Bajo tales condiciones, y con un personaje como Lares Valladares, no se puede esperar, que la seguridad pública municipal, sea realmente eficiente. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, no es una institución meramente administrativa, en donde se pueda llegar a aprender.
Definitivamente, la formación policiaca y la experiencia del titular, son esenciales o fundamentales para su buen funcionamiento. No habiendo, ni una cosa, ni la otra, se explican las fallas, que se reflejan en actos de indisciplina, abusos y corrupción.
Aunque parezca una exageración, imaginen que, por lazos de amistad con el Alcalde Astiazarán, a Reyes Montilla López, lo hayan designado jefe de urgencias de la Cruz Roja. Sería el caos. El ejemplo es válido, en el caso de “El camillero”, como jefe policiaco.
Para colmo de males, no obstante su nula formación y experiencia, en materia de seguridad pública, Lares Valladares, ya se siente policía. Tal vez parezca policía, casi “general”, por el uniforme, pero tal vez ni las claves de comunicación se ha aprendido.
En justicia, habría qué precisar, que “no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre”. Como dirían los religiosos : “que Dios nos agarre confesados”.
gil_lavenants@hotmail.com
sábado, 26 de abril de 2014
El regidor acusado!
Domingo 27 Abril 2014
PALCO DE PRENSA
El regidor acusado | Por : Gilberto LAVENANT
Ironías de la vida, el regidor del Ayuntamiento de Tijuana, Héctor Reginaldo Riveros Moreno, pronto tendrá que dejar el cargo de Secretario Técnico de la Comisión Especial de Cabildo, integrada, supuestamente, para investigar los hechos que dieron lugar al escándalo político suscitado al interior del Palacio Municipal, entre el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí y el Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, por el presunto chantaje o extorsión, revelado por el propio edil, afirmando que le exigían el 50% de los ingresos ilegales del gobierno local.
El columnista comentó, el pasado miércoles 16 de abril, del año en curso, aquí en Palco de Prensa, bajo el título “Las comisiones del olvido”, que dicha comisión, no fue integrada precisamente para investigar y aclarar el escándalo, sino para desvanecer la tensión, a fin de que la comunidad se olvidara del asunto.
Señalaba entonces, que a partir de la designación de Riveros, los reporteros andan a la caza del regidor, y lo acribillan a preguntas, tratando de encontrar respuestas a sus dudas o inquietudes. Decía, que en cada ocasión, en que el regidor se ha visto rodeado de periodistas, trata de hacer uso de tecnicismos y procedimientos protocolarios, para destantearlos o confundirlos.
Que utilizaba expresiones, tales como “estamos integrando el expediente”, “ya solicitamos información a la sindicatura”, “ya estamos avanzando, pero aún no es momento de revelar lo que hemos encontrado”, “son demasiados documentos lo que hemos tenido que revisar” y, la última, “Sindicatura ya hizo las observaciones correspondientes y las envió a obras públicas para las aclaraciones correspondientes”.
Observaba el columnista que, dicho con todo respeto, Riveros parece merolico, en plena banqueta, diciendo una bola de disparates, a base de meras generalidades y simples verdades a medias. Que dado el acoso constante, ni al baño lo dejan ir con libertad.
También apuntaba que se sabía, que el Regidor Riveros, estaba suplicando a gritos que lo retiren de la famosa comisión especial de “investigación”, porque al cabo ni está haciendo nada y ya no encuentra qué decir a los periodistas que lo cuestionan, sobre su “misión especial”. Aunque las dudas y las sospechas, casi certidumbres, habrán de persistir.
Pues bien, por fin tendrá que “tirar la toalla”, como Secretario Técnico, y no porque ya haya concluido su misión, sino porque sus propios compañeros del Partido Estatal de Baja California, ya lo traen “de la cola”, por la presunta comisión de diversos delitos, en base a lo cual, el pasado lunes, presentaron ante la Legislatura Estatal, denuncia de juicio político.
La denuncia, fue formulada por Joel Anselmo Jiménez Vargas y Juan Sánchez Torres, con el carácter de militantes del Partido Estatal de Baja California, procediendo a ratificar el correspondiente escrito, ante el Diputado René Adrián Mendívil Acosta, en su calidad de Presidente de la mesa directiva de la XX Legislatura.
El asunto, aunque es entre apebecistas, es grave. A Riveros lo acusan por la presunta comisión de los delitos de peculado, difamación, calumnia, mal uso de recursos públicos y los que resulten de la investigación correspondiente.
Entre otras cosas, señalan que Riveros, siendo Presidente del Comité Municipal de PEBC, se auto-subarrendó una oficina, dizque para instalar la representación partidista, obviamente disponiendo para ello de los recursos públicos que el partido recibe de las prerrogativas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Según la información que proporcionan, en lo personal, el Regidor adquirió en arrendamiento una oficina, mediante contrato celebrado con una empresa, o sea, para instalar su oficina, pero luego se la subarrendó al Partido Estatal de Baja California, representado por él mismo, con el carácter de Presidente del Comité Municipal, estableciendo una renta mensual de $ 5,500.00 pesos. O sea, con dinero de la organización partidista, cubrió la renta de su oficina personal, aunque resulta un tanto extraño, porque el local está vacío, o sea sin uso.
Esto se complicó para Riveros, pues habiendo sido denunciado por tales hechos, presuntamente ilícitos, respondió, acusando a sus acusadores de una serie de delitos, con el carácter de dirigente del PEBC. Denuncia esta que incluso ratificó ante la agencia del ministerio público.
Los hechos datan de abril del 2013, pero al ratificar la denuncia contra sus acusadores, estos estiman que ha incurrido en la presunta comisión de nuevos delitos, tales como difamación y calumnias.
Dicen, los acusadores, que al momento en que presentan la denuncia de juicio político, Riveros no ha presentado informes a la militancia partidista, respecto al uso y aplicación de los recursos públicos y advierten que los que ha efectuado, nunca fueron autorizados por asamblea partidista, además de que “teniendo a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de los recursos públicos, con engaño o aprovechamiento del error de los militantes perjudicó y alteró los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o prestaciones o exagerando las que hubiere hecho, empleando abusivamente la firma que se le confió”.
Bueno, el regidor Riveros incurrió en un grave error. Antes de que las cosas llegaran tan lejos, hubiese propuesto la integración de una comisión especial para “investigar” los hechos, hasta que todo se diluyera y quedara en el olvido. Se supone que es experto en eso, que por eso lo designaron para “investigar” el escándalo del Alcalde y el Síndico. Ahora, tendrá que ocupar el banquillo de los acusados, en la Legislatura Estatal.
gil_lavenants@hotmail.com
PALCO DE PRENSA
El regidor acusado | Por : Gilberto LAVENANT
Ironías de la vida, el regidor del Ayuntamiento de Tijuana, Héctor Reginaldo Riveros Moreno, pronto tendrá que dejar el cargo de Secretario Técnico de la Comisión Especial de Cabildo, integrada, supuestamente, para investigar los hechos que dieron lugar al escándalo político suscitado al interior del Palacio Municipal, entre el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí y el Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, por el presunto chantaje o extorsión, revelado por el propio edil, afirmando que le exigían el 50% de los ingresos ilegales del gobierno local.
El columnista comentó, el pasado miércoles 16 de abril, del año en curso, aquí en Palco de Prensa, bajo el título “Las comisiones del olvido”, que dicha comisión, no fue integrada precisamente para investigar y aclarar el escándalo, sino para desvanecer la tensión, a fin de que la comunidad se olvidara del asunto.
Señalaba entonces, que a partir de la designación de Riveros, los reporteros andan a la caza del regidor, y lo acribillan a preguntas, tratando de encontrar respuestas a sus dudas o inquietudes. Decía, que en cada ocasión, en que el regidor se ha visto rodeado de periodistas, trata de hacer uso de tecnicismos y procedimientos protocolarios, para destantearlos o confundirlos.
Que utilizaba expresiones, tales como “estamos integrando el expediente”, “ya solicitamos información a la sindicatura”, “ya estamos avanzando, pero aún no es momento de revelar lo que hemos encontrado”, “son demasiados documentos lo que hemos tenido que revisar” y, la última, “Sindicatura ya hizo las observaciones correspondientes y las envió a obras públicas para las aclaraciones correspondientes”.
Observaba el columnista que, dicho con todo respeto, Riveros parece merolico, en plena banqueta, diciendo una bola de disparates, a base de meras generalidades y simples verdades a medias. Que dado el acoso constante, ni al baño lo dejan ir con libertad.
También apuntaba que se sabía, que el Regidor Riveros, estaba suplicando a gritos que lo retiren de la famosa comisión especial de “investigación”, porque al cabo ni está haciendo nada y ya no encuentra qué decir a los periodistas que lo cuestionan, sobre su “misión especial”. Aunque las dudas y las sospechas, casi certidumbres, habrán de persistir.
Pues bien, por fin tendrá que “tirar la toalla”, como Secretario Técnico, y no porque ya haya concluido su misión, sino porque sus propios compañeros del Partido Estatal de Baja California, ya lo traen “de la cola”, por la presunta comisión de diversos delitos, en base a lo cual, el pasado lunes, presentaron ante la Legislatura Estatal, denuncia de juicio político.
La denuncia, fue formulada por Joel Anselmo Jiménez Vargas y Juan Sánchez Torres, con el carácter de militantes del Partido Estatal de Baja California, procediendo a ratificar el correspondiente escrito, ante el Diputado René Adrián Mendívil Acosta, en su calidad de Presidente de la mesa directiva de la XX Legislatura.
El asunto, aunque es entre apebecistas, es grave. A Riveros lo acusan por la presunta comisión de los delitos de peculado, difamación, calumnia, mal uso de recursos públicos y los que resulten de la investigación correspondiente.
Entre otras cosas, señalan que Riveros, siendo Presidente del Comité Municipal de PEBC, se auto-subarrendó una oficina, dizque para instalar la representación partidista, obviamente disponiendo para ello de los recursos públicos que el partido recibe de las prerrogativas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Según la información que proporcionan, en lo personal, el Regidor adquirió en arrendamiento una oficina, mediante contrato celebrado con una empresa, o sea, para instalar su oficina, pero luego se la subarrendó al Partido Estatal de Baja California, representado por él mismo, con el carácter de Presidente del Comité Municipal, estableciendo una renta mensual de $ 5,500.00 pesos. O sea, con dinero de la organización partidista, cubrió la renta de su oficina personal, aunque resulta un tanto extraño, porque el local está vacío, o sea sin uso.
Esto se complicó para Riveros, pues habiendo sido denunciado por tales hechos, presuntamente ilícitos, respondió, acusando a sus acusadores de una serie de delitos, con el carácter de dirigente del PEBC. Denuncia esta que incluso ratificó ante la agencia del ministerio público.
Los hechos datan de abril del 2013, pero al ratificar la denuncia contra sus acusadores, estos estiman que ha incurrido en la presunta comisión de nuevos delitos, tales como difamación y calumnias.
Dicen, los acusadores, que al momento en que presentan la denuncia de juicio político, Riveros no ha presentado informes a la militancia partidista, respecto al uso y aplicación de los recursos públicos y advierten que los que ha efectuado, nunca fueron autorizados por asamblea partidista, además de que “teniendo a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de los recursos públicos, con engaño o aprovechamiento del error de los militantes perjudicó y alteró los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o prestaciones o exagerando las que hubiere hecho, empleando abusivamente la firma que se le confió”.
Bueno, el regidor Riveros incurrió en un grave error. Antes de que las cosas llegaran tan lejos, hubiese propuesto la integración de una comisión especial para “investigar” los hechos, hasta que todo se diluyera y quedara en el olvido. Se supone que es experto en eso, que por eso lo designaron para “investigar” el escándalo del Alcalde y el Síndico. Ahora, tendrá que ocupar el banquillo de los acusados, en la Legislatura Estatal.
gil_lavenants@hotmail.com
viernes, 25 de abril de 2014
Los Tramposos!
Sábado 26 Abril 2014
PALCO DE PRENSA
Los tramposos | Por : Gilberto LAVENANT
Es una forma de llamar o denominar, a quienes aparentemente hacen una cosa, pero que en realidad hacen otra : tramposos. Se pueden agregar muchos adjetivos, tales como irresponsables, frívolos, traidores, insensatos, mercenarios, falsos, demagogos, embusteros. Incluso otros, realmente groseros. Se lo merecen.
Se trata de los “flamantes” diputados locales, que el jueves, en apariencia generosos y solidarios, eliminaron la posibilidad de que sean sancionados, quienes no lleven sus vehículos a los centros de verificación vehicular. Sin embargo, dejaron esto como un requisito para poder efectuar el canje de placas o renovación de tarjeta de circulación, lo que es prácticamente lo mismo. Ni vergüenza tienen.
El proyecto de la creación de los verificentros vehiculares, nació con una nube de especulaciones y sospechas, en el sentido de que se trataba de un simple negocio político, con fines recaudatorios. El Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, se comprometió a autorizar su creación, en pago al apoyo que el Panal, entonces partido propiedad de la maestra Gordillo, le dió en las elecciones que lo llevaron a la gubernatura.
El ganón y cobrador de esta factura, fue nada más y nada menos que el polémico político Jorge Kawaghi. Los propios panistas lo decían con descaro.
Tratando de sustentar esto, realizaron una campaña mediática, asegurando que Mexicali era la tercera ciudad más contaminada del mundo y que urgía implantar el programa de verificación vehicular, pues los mexicalenses se estaban muriendo por la contaminación. Pocos, de los expertos de la materia, se atrevieron a abrir la boca, para no enfrentar a Osuna Millán.
Sin embargo, al paso del tiempo, se fue aclarando, y precisando, que los resultados de los dramáticos estudios sobre contaminación, fueron falseados o alterados. A fines de marzo pasado, el propio Secretario de Protección al Ambiente en Baja California, Carlos B. Graizbord Ed., señaló con claridad que no era cierto que Mexicali fuese una de las ciudades más contaminadas, que se encuentra por encima del lugar número 30, pero considerando que en muchas ciudades no se lleva un registro.
Así mismo, también aclaró, que no es el parque vehicular la principal causa de contaminación en Mexicali, sino la quema de llantas, las ladrilleras y las quemas agrícolas. Ahora, con pena y todo, cuando le preguntan sobre el tema, se molesta, pues obviamente el Gobernador Kiko Vega ya le llamó la atención, y pide a los reporteros que pregunten a otros, no solamente a él.
El pasado 6 de abril, en conferencia de prensa, el Maestro en Ciencias, Temoc Avila Hernández, acompañado de dirigentes de colegios de abogados, declaró en Mexicali, que las concesiones de los verificentros, son ilegales, pues no se expidió un dictamen previo para justificarlos, argumentando que el gobierno estatal estaba imposibilitado para proporcionar el servicio.
Además de eso, cuantas veces se ha solicitado información documental sobre los verificentros, los funcionarios estatales la niegan, fortaleciendo las sospechas y especulaciones que indican que este asunto está sumamente cochino.
A esto se le agregaron otros argumentos, en el sentido de que el equipo con el que operan, es obsoleto, que no tienen capacidad para atender la demanda de servicio y que se generó corrupción en torno a estos, pues se cobraban cuotas, para acreditar la supuesta verificación, aunque no la pasaran.
Esto llevó, a que el 15 de enero, los integrantes de las comisiones conjuntas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de Protección al Ambiente, de la Legislatura estatal, aprobaran, por mayoría de votos, eliminar la verificación vehicular, como requisito para el canje de placas y renovación de tarjetas de circulación. Faltaba solamente someterla a consideración del pleno y casi se daba como un hecho que se resolvería en los mismos términos. Mientras tanto, los bajacalifornianos festejaron el acuerdo.
Sin embargo, las negociaciones partidistas, cambiaron todo. A lo único que se llegó, fue a establecer un período de gracia de 100 días, durante el cual quedaría en suspenso la obligación de la verificación, en tanto discutían sobre su posible eliminación definitiva. La votación fue de 18 a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. El plazo concluía el 3 de mayo.
Sin haber analizado a fondo el tema, pues de haberlo hecho, con tantos argumentos en contra de los verificentros, los hubiesen clausurado, y a unos días de que venciera el “plazo de gracia”, el diputado priísta, René Mendívil Acosta, presentó una “genial” iniciativa –según él justiciera- solamente para eliminar la posibilidad de sancionar a quienes no acudieran a la verificación, pero persistiendo como requisito obligatorio para el canje de placas o renovación de tarjetas de circulación. Lo que es lo mismo.
Claro, como estaba negociado, la “fabulosa” propuesta fue aprobada por unanimidad. Por lo tanto, los bajacalifornianos estarán obligados –cumpliendo el compromiso de Osuna Millán con Kawaghi- a llevar sus vehículos a los verificentros, para poder renovar placas y tarjeta de circulación.
Los supuestos “representantes populares”, pusieron oídos sordos a los reclamos, hicieron como que no escucharon los argumentos, ni conocieron las constancias documentales, que demostraban que los verificentros son ilegales, que no son para combatir la contaminación, sino para llenar de dinero los bolsillos de individuos sin escrúpulos, como el tal Kawaghi.
Por ello, “se ganaron a pulso”, todos los adjetivos aplicables : tramposos, irresponsables, frívolos, traidores, insensatos, mercenarios, falsos, demagogos, embusteros. E incluso con otros, realmente groseros. Se lo merecen.
gil_lavenants@hotmail.com
PALCO DE PRENSA
Los tramposos | Por : Gilberto LAVENANT
Es una forma de llamar o denominar, a quienes aparentemente hacen una cosa, pero que en realidad hacen otra : tramposos. Se pueden agregar muchos adjetivos, tales como irresponsables, frívolos, traidores, insensatos, mercenarios, falsos, demagogos, embusteros. Incluso otros, realmente groseros. Se lo merecen.
Se trata de los “flamantes” diputados locales, que el jueves, en apariencia generosos y solidarios, eliminaron la posibilidad de que sean sancionados, quienes no lleven sus vehículos a los centros de verificación vehicular. Sin embargo, dejaron esto como un requisito para poder efectuar el canje de placas o renovación de tarjeta de circulación, lo que es prácticamente lo mismo. Ni vergüenza tienen.
El proyecto de la creación de los verificentros vehiculares, nació con una nube de especulaciones y sospechas, en el sentido de que se trataba de un simple negocio político, con fines recaudatorios. El Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, se comprometió a autorizar su creación, en pago al apoyo que el Panal, entonces partido propiedad de la maestra Gordillo, le dió en las elecciones que lo llevaron a la gubernatura.
El ganón y cobrador de esta factura, fue nada más y nada menos que el polémico político Jorge Kawaghi. Los propios panistas lo decían con descaro.
Tratando de sustentar esto, realizaron una campaña mediática, asegurando que Mexicali era la tercera ciudad más contaminada del mundo y que urgía implantar el programa de verificación vehicular, pues los mexicalenses se estaban muriendo por la contaminación. Pocos, de los expertos de la materia, se atrevieron a abrir la boca, para no enfrentar a Osuna Millán.
Sin embargo, al paso del tiempo, se fue aclarando, y precisando, que los resultados de los dramáticos estudios sobre contaminación, fueron falseados o alterados. A fines de marzo pasado, el propio Secretario de Protección al Ambiente en Baja California, Carlos B. Graizbord Ed., señaló con claridad que no era cierto que Mexicali fuese una de las ciudades más contaminadas, que se encuentra por encima del lugar número 30, pero considerando que en muchas ciudades no se lleva un registro.
Así mismo, también aclaró, que no es el parque vehicular la principal causa de contaminación en Mexicali, sino la quema de llantas, las ladrilleras y las quemas agrícolas. Ahora, con pena y todo, cuando le preguntan sobre el tema, se molesta, pues obviamente el Gobernador Kiko Vega ya le llamó la atención, y pide a los reporteros que pregunten a otros, no solamente a él.
El pasado 6 de abril, en conferencia de prensa, el Maestro en Ciencias, Temoc Avila Hernández, acompañado de dirigentes de colegios de abogados, declaró en Mexicali, que las concesiones de los verificentros, son ilegales, pues no se expidió un dictamen previo para justificarlos, argumentando que el gobierno estatal estaba imposibilitado para proporcionar el servicio.
Además de eso, cuantas veces se ha solicitado información documental sobre los verificentros, los funcionarios estatales la niegan, fortaleciendo las sospechas y especulaciones que indican que este asunto está sumamente cochino.
A esto se le agregaron otros argumentos, en el sentido de que el equipo con el que operan, es obsoleto, que no tienen capacidad para atender la demanda de servicio y que se generó corrupción en torno a estos, pues se cobraban cuotas, para acreditar la supuesta verificación, aunque no la pasaran.
Esto llevó, a que el 15 de enero, los integrantes de las comisiones conjuntas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de Protección al Ambiente, de la Legislatura estatal, aprobaran, por mayoría de votos, eliminar la verificación vehicular, como requisito para el canje de placas y renovación de tarjetas de circulación. Faltaba solamente someterla a consideración del pleno y casi se daba como un hecho que se resolvería en los mismos términos. Mientras tanto, los bajacalifornianos festejaron el acuerdo.
Sin embargo, las negociaciones partidistas, cambiaron todo. A lo único que se llegó, fue a establecer un período de gracia de 100 días, durante el cual quedaría en suspenso la obligación de la verificación, en tanto discutían sobre su posible eliminación definitiva. La votación fue de 18 a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. El plazo concluía el 3 de mayo.
Sin haber analizado a fondo el tema, pues de haberlo hecho, con tantos argumentos en contra de los verificentros, los hubiesen clausurado, y a unos días de que venciera el “plazo de gracia”, el diputado priísta, René Mendívil Acosta, presentó una “genial” iniciativa –según él justiciera- solamente para eliminar la posibilidad de sancionar a quienes no acudieran a la verificación, pero persistiendo como requisito obligatorio para el canje de placas o renovación de tarjetas de circulación. Lo que es lo mismo.
Claro, como estaba negociado, la “fabulosa” propuesta fue aprobada por unanimidad. Por lo tanto, los bajacalifornianos estarán obligados –cumpliendo el compromiso de Osuna Millán con Kawaghi- a llevar sus vehículos a los verificentros, para poder renovar placas y tarjeta de circulación.
Los supuestos “representantes populares”, pusieron oídos sordos a los reclamos, hicieron como que no escucharon los argumentos, ni conocieron las constancias documentales, que demostraban que los verificentros son ilegales, que no son para combatir la contaminación, sino para llenar de dinero los bolsillos de individuos sin escrúpulos, como el tal Kawaghi.
Por ello, “se ganaron a pulso”, todos los adjetivos aplicables : tramposos, irresponsables, frívolos, traidores, insensatos, mercenarios, falsos, demagogos, embusteros. E incluso con otros, realmente groseros. Se lo merecen.
gil_lavenants@hotmail.com
jueves, 24 de abril de 2014
Las clases sociales
Viernes 25 Abril 2014
PALCO DE PRENSA
Las clases sociales | Por : Gilberto LAVENANT
Aunque la Constitución Política de México, señala claramente, en el Artículo 12, que : “En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país”, o sea que en territorio mexicano, todos somos iguales, le verdad es que las clases sociales están sumamente marcadas.
Hasta no hace mucho, en nuestro país, había 3 clases sociales. La clase baja, los pobres, los trabajadores, los campesinos, las amas de casa; la clase media, que eran los trabajadores de primer nivel en las empresas, o sea los gerentes y empleados de confianza, y la clase alta, o sea los empresarios o profesionistas con solvencia económica.
Se les distinguía claramente, por los centros de reunión o diversión a los que asistían. Las escuelas –los riquillos les llaman colegios- a las que envían a sus hijos –hay pobres que ni a la escuela van- y los sitios o bares a los que acudían a reunirse con amigos o a hacer negocios; los puntos en los que vacacionaban o las tiendas en que hacían sus compras.
Después, todo se volvió un desorden. Las crisis económicas alteraron las clases sociales, pues los clasemedieros prácticamente desaparecieron, se ensancho o creció el grupo de los pobres, aunque muchos de ellos están casi en riesgo de extinción y en la clase alta se formó una mezcolanza.
Esto último es cierto. Muchos ricos, descendieron un poco de nivel, cuando sus negocios se fueron a la quiebra o redujeron drásticamente sus operaciones. Y arribaron nuevos riquillos, que ni empresarios eran. Los políticos corruptos y los miembros del crímen organizado.
Los políticos corruptos, era fácil identificarlos –y aún lo es- porque, al no haber realizado demasiado esfuerzo para enriquecerse, hasta la exageración, se les notaba el cambio y eran ostentosos, derrochadores, presumidos, mujeriegos. Además, ni empresa tenían.
En cuanto a quienes se dedicaban a actividades ilícitas, también era fácil conocerlos, por su vestimenta vaquera, sus camionetotas, sus ejércitos de guaruras, sus tejanas de lujo, sus botas piteadas y cinturones anchos.
El problema es que, estos últimos, como lograban acumular riqueza, pues tenían dinero para competir en gustos y extravagancias con los comerciantes e industriales, y entonces se dió la mezcolanza, cuando los hijos de ambos grupos, coincidieron en los mismos colegios. Aún se recuerda en Tijuana, los casos de los llamados “narcojuniors”.
Otros razgos, que caracterizaban a esta nueva clase social alta, no fueron precisamente por su alto nivel cultural. Muchos jóvenes, de esas familias riquillas, ni siquiera cursaban estudios superiores, pero eran arrogantes, prepotentes, ostentosos, perdonavidas. Por doquier protagonizaban escándalos, y la policía ni movía un dedo para detenerlos, o al menos frenarlos.
Hoy en día, los desplantes de grandeza de los “juniors”, siguen siendo la “comidilla del día”. Se sienten príncipes o princesas y en donde se paran, reclaman atenciones especiales. Se sienten descendientes de la realeza y les resulta difícil relacionarse o convivir con la “prole”.
Peor aún, es el caso de los hijos o hijas de los políticos. La riqueza económica y el poder político, producen un coctel explosivo y se convierten en un peligro social. Quizás antes, se manejaban como casos aislados. El surgimiento de las redes sociales y los adelantos tecnológicos que dotaron de teléfonos móviles, hasta a los simples ciudadanos, con aditamentos para tomar videos o fotos, hizo que “saltaran” a la fama pública.
Así fue, como se llegaron a conocer casos de arbitrariedades, prepotencia y barbarie, generalmente protagonizados por mujeres, artistas, políticas o hijas de políticos o empresarios. Gravísimo error cometieron aquellos que les dieron trato de simples mortales.
Sarcásticamente, se les llegó a identificar como “ladies” y sus “hazañas” circularon en las redes, expuestas a la feroz crítica de los cibernautas, en su mayoría anónimos, que descargaban su ira contra las “damas” o “caballeros”.
De los casos más sonados, el de las “ladies de Polanco”. En agosto de 2011, una incipiente artista, identificada como Azalia “La Negra”, luego de haber participado en un “reality show”, conocido como “Big Brother”, se popularizó, al ser videograbada, cuando, junto con otra amiga, pusieron “como lazo de cochino” a unos policías, que las detuvieron por supuestas irregularidades en los documentos del vehículo en que viajaban.
Otro caso, fue el de la “Lady Profeco”, una jóven, hija del entonces procurador federal del Consumidor, Humberto Benitez Treviño, que ordenó clausurar un restaurant, porque no le asignaron mesa al momento en que arribó al lugar. Su padre tuvo que dejar la chamba, por la exhibida que le dió.
Pero los bajacalifornianos no se deben sentir menos. Todo indica que ya tienen su “lady”. Aún nadie se pone de acuerdo en su denominación, que podría ser “Lady Cecut”. Se trata de la hija del Gobernador Kiko Vega, Zarema Vega Labastida, que, según lo publicado el día de ayer por la periodista Dora Elena Cortés Juárez, en su columna AFN Político, “armó un pancho” y fastidió a la esposa del destacado rockero tijuanense Javier Batiz, al grado de que, dicen, ésta le tuvo que dar una cachetada, para bajarla de su pedestal.
Cuentan, que en respuesta a tal “agravio”, la “princesa” pidió a papi Gobernador, que diera instrucciones al director del CECUT, para que Batiz no se vuelva a presentar en ese sitio. Claro, Kiko lo niega, y su aparato de medios está tratando de desvirtuar los hechos. Argumentan que sí estuvo ahí, que hubo un incidente, pero que ella no participó. Cierto o falso, en lo sucesivo se le conocerá como la “Lady Cecut”. Sólo falta se emita un decreto, para prohibir a la prole, que la vea y que agache la cabeza a su paso. Uuufff!!!
gil_lavenants@hotmail.com
PALCO DE PRENSA
Las clases sociales | Por : Gilberto LAVENANT
Aunque la Constitución Política de México, señala claramente, en el Artículo 12, que : “En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país”, o sea que en territorio mexicano, todos somos iguales, le verdad es que las clases sociales están sumamente marcadas.
Hasta no hace mucho, en nuestro país, había 3 clases sociales. La clase baja, los pobres, los trabajadores, los campesinos, las amas de casa; la clase media, que eran los trabajadores de primer nivel en las empresas, o sea los gerentes y empleados de confianza, y la clase alta, o sea los empresarios o profesionistas con solvencia económica.
Se les distinguía claramente, por los centros de reunión o diversión a los que asistían. Las escuelas –los riquillos les llaman colegios- a las que envían a sus hijos –hay pobres que ni a la escuela van- y los sitios o bares a los que acudían a reunirse con amigos o a hacer negocios; los puntos en los que vacacionaban o las tiendas en que hacían sus compras.
Después, todo se volvió un desorden. Las crisis económicas alteraron las clases sociales, pues los clasemedieros prácticamente desaparecieron, se ensancho o creció el grupo de los pobres, aunque muchos de ellos están casi en riesgo de extinción y en la clase alta se formó una mezcolanza.
Esto último es cierto. Muchos ricos, descendieron un poco de nivel, cuando sus negocios se fueron a la quiebra o redujeron drásticamente sus operaciones. Y arribaron nuevos riquillos, que ni empresarios eran. Los políticos corruptos y los miembros del crímen organizado.
Los políticos corruptos, era fácil identificarlos –y aún lo es- porque, al no haber realizado demasiado esfuerzo para enriquecerse, hasta la exageración, se les notaba el cambio y eran ostentosos, derrochadores, presumidos, mujeriegos. Además, ni empresa tenían.
En cuanto a quienes se dedicaban a actividades ilícitas, también era fácil conocerlos, por su vestimenta vaquera, sus camionetotas, sus ejércitos de guaruras, sus tejanas de lujo, sus botas piteadas y cinturones anchos.
El problema es que, estos últimos, como lograban acumular riqueza, pues tenían dinero para competir en gustos y extravagancias con los comerciantes e industriales, y entonces se dió la mezcolanza, cuando los hijos de ambos grupos, coincidieron en los mismos colegios. Aún se recuerda en Tijuana, los casos de los llamados “narcojuniors”.
Otros razgos, que caracterizaban a esta nueva clase social alta, no fueron precisamente por su alto nivel cultural. Muchos jóvenes, de esas familias riquillas, ni siquiera cursaban estudios superiores, pero eran arrogantes, prepotentes, ostentosos, perdonavidas. Por doquier protagonizaban escándalos, y la policía ni movía un dedo para detenerlos, o al menos frenarlos.
Hoy en día, los desplantes de grandeza de los “juniors”, siguen siendo la “comidilla del día”. Se sienten príncipes o princesas y en donde se paran, reclaman atenciones especiales. Se sienten descendientes de la realeza y les resulta difícil relacionarse o convivir con la “prole”.
Peor aún, es el caso de los hijos o hijas de los políticos. La riqueza económica y el poder político, producen un coctel explosivo y se convierten en un peligro social. Quizás antes, se manejaban como casos aislados. El surgimiento de las redes sociales y los adelantos tecnológicos que dotaron de teléfonos móviles, hasta a los simples ciudadanos, con aditamentos para tomar videos o fotos, hizo que “saltaran” a la fama pública.
Así fue, como se llegaron a conocer casos de arbitrariedades, prepotencia y barbarie, generalmente protagonizados por mujeres, artistas, políticas o hijas de políticos o empresarios. Gravísimo error cometieron aquellos que les dieron trato de simples mortales.
Sarcásticamente, se les llegó a identificar como “ladies” y sus “hazañas” circularon en las redes, expuestas a la feroz crítica de los cibernautas, en su mayoría anónimos, que descargaban su ira contra las “damas” o “caballeros”.
De los casos más sonados, el de las “ladies de Polanco”. En agosto de 2011, una incipiente artista, identificada como Azalia “La Negra”, luego de haber participado en un “reality show”, conocido como “Big Brother”, se popularizó, al ser videograbada, cuando, junto con otra amiga, pusieron “como lazo de cochino” a unos policías, que las detuvieron por supuestas irregularidades en los documentos del vehículo en que viajaban.
Otro caso, fue el de la “Lady Profeco”, una jóven, hija del entonces procurador federal del Consumidor, Humberto Benitez Treviño, que ordenó clausurar un restaurant, porque no le asignaron mesa al momento en que arribó al lugar. Su padre tuvo que dejar la chamba, por la exhibida que le dió.
Pero los bajacalifornianos no se deben sentir menos. Todo indica que ya tienen su “lady”. Aún nadie se pone de acuerdo en su denominación, que podría ser “Lady Cecut”. Se trata de la hija del Gobernador Kiko Vega, Zarema Vega Labastida, que, según lo publicado el día de ayer por la periodista Dora Elena Cortés Juárez, en su columna AFN Político, “armó un pancho” y fastidió a la esposa del destacado rockero tijuanense Javier Batiz, al grado de que, dicen, ésta le tuvo que dar una cachetada, para bajarla de su pedestal.
Cuentan, que en respuesta a tal “agravio”, la “princesa” pidió a papi Gobernador, que diera instrucciones al director del CECUT, para que Batiz no se vuelva a presentar en ese sitio. Claro, Kiko lo niega, y su aparato de medios está tratando de desvirtuar los hechos. Argumentan que sí estuvo ahí, que hubo un incidente, pero que ella no participó. Cierto o falso, en lo sucesivo se le conocerá como la “Lady Cecut”. Sólo falta se emita un decreto, para prohibir a la prole, que la vea y que agache la cabeza a su paso. Uuufff!!!
gil_lavenants@hotmail.com
miércoles, 23 de abril de 2014
Los Magos Políticos
Jueves 24 Abril 2014
PALCO DE PRENSA
Los magos políticos | Por Gilberto LAVENANT
De los personajes, que más impactan, tanto a niños, como adultos, definitivamente, son los magos. Con todo y que se sabe que se trata simplemente de trucos, aún sigue causando admiración, el verlos, cuando meten la mano a la copa de un sombrero, y sacan una paloma o un conejo. De inmediato vuela la imaginación de los espectadores.
Con mayor razón, con aquellos que, a la vista de todo mundo, son capaces de hacer que una persona desaparezca, luego de cubrirla con un manto o encerrarla en una caja. Incluso, partirla en dos. Eso es fabuloso. Es fascinante observarlos y seguramente muchos quisieran poder imitarlos. Parecen tener poderes especiales.
Ahora, podemos decir, que hay otra clase de magos, que también “hacen de las suyas”. Los podemos identificar como “los magos políticos”, porque están incrustrados en la administración pública, en este caso, en la estatal, encabezada por el Gobernador Francisco Vega de la Madrid. Le gusta que le llamen Kiko.
Cabe recordar, que el pasado domingo 6 de abril, se desató un escándalo, cuando surgió a la luz pública, que el Juez Sexto de Distrito, con sede en Mexicali, desde el 31 de enero, giró orden de aprehensión en contra de Guillermo Trejo Dozal, Secretario General del Gobierno del Estado y otras personas más, con las cuales había creado y operado, una empresa que proporcionaba servicios médicos, mediante cuotas mensuales, lo que la autoridad hacendaria equipara a actividades de seguros, que requieren autorización especial para ello.
El gobierno estatal, puso a operar su maquinaria controladora de medios, para minimizar la nota al máximo. Y lo logró en gran parte, pero no pudo frenar las redes sociales, que se dieron vuelo con este tema.
Pues bien, en una de las constancias, a que se hace referencia en la orden de aprehensión, salió a relucir que el Secretario de Desarrollo Económico del Estado, Carlo Bonfante Olache, también está involucrado en tales hechos, pues es tesorero de la empresa prestadora de servicios médicos, aunque no se libró orden de aprehensión en su contra.
Como están pasando los días, y no encuentran cómo justificar la ausencia de Bonfante, sin tener que reconocer oficialmente que anda huyendo, a alguno de los colaboradores de Kiko, se le ocurrió realizar un “acto de mágia”. Y la verdad, le salió bastante bien.
Como los más extraordinarios magos, los ayudantes de Vega de la Madrid, hicieron “aparecer” al funcionario desaparecido, pero sin mostrarlo físicamente, o sea sin que apareciera realmente en ninguna parte. Bueno, fue una “aparición” mediática.
El lunes 21 de abril, o sea esta semana, desde la oficina de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Económico, se hizo circular un boletín de prensa, fechado en Los Angeles, California, dando a conocer que el funcionario en mención, realizó una gira de trabajo, por aquella ciudad, “con el propósito de conocer de las necesidades de empresas del sector de energías renovables, aeroespaciales y automotriz del vecino país”. Pero no enviaron ninguna foto, en la que apareciera Bonfante, en la supuesta gira.
Se cuidaron los detalles, para tratar de darle veracidad a la “aparición” del funcionario. Se dijo que la gira de trabajo incluyó la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico, y obviamente del aún titular de la misma, en el seminario organizado por la empresa PRODENSA, en la ciudad de Anaheim, California.
Entonces, aprovecharon para apuntar nombres de personas, que podrían testificar, en caso de que se cuestionara si es que la gira fue real, o puro cuento. Se dijo que ahí estuvo presente, Emilio Cadena Rubio, Director General y Presidente Ejecutivo de la citada empresa, actual Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de exportación.
Se indica en el boletín, que el seminario se denominó “Sourcing in Mexico Workshop”, y según información imputada a Bonfante, tuvo como objetivo el mostrar las ventajas competitivas y beneficios que ofrece el manufacturar sus productos en México.
Por si todavía quedaran dudas, respecto a la gira en mención, se asevera, que Bonfante estuvo acompañado por el Subsecretario de Promoción y Atracción de Inversión, Juan Antonio Martínez Zaragoza y el Subdirector de la Comisión Estatal de Energía, Filedgar Montoya Castañeda.
El truco, les salió bastante bien. Sin embargo, acostumbrados al lucimiento de los funcionarios públicos, que les encanta acaparar reflectores cuando hacen algo que consideran importante, les faltaron las fotos e incluso videos, de la supuesta gira de trabajo.
Mejor aún, se hubiese esperado a retornar a Baja California, y en conferencia de prensa, habría dado a conocer, con amplios detalles, los resultados de su viaje por el sur de California. Así es que, como su “aparición”, solamente fue mediática, existe casi la certeza de que fue un simple “acto de mágia”.
El asunto en que, tanto Trejo Dozal como Bonfante, están involucrados, así como sus socios, es sumamente grave. Los hechos, aunque ilegales, no son propiamente difamantes, pues se trata de la prestación de servicios médicos. El problema es que no tuvieron el cuidado de indagar los requisitos que tenían que cubrir, para realizar dichas actividades.
Nadie les recordó aquella advertencia : no hagas cosas malas, que parezcan buenas. Así es que, salvo prueba en contrario, todos los involucrados continúan en calidad de fugitivos de la justicia. Ahora falta ver, qué nuevos trucos sacan los “magos” del equipo de Kiko Vega, para establecer el supuesto de que no andan huyendo, sino cumpliendo “comisiones de trabajo”. Bueno, hay magos tan malos, que no engañan tan fácil al público.
gil_lavenants@hotmail.com
PALCO DE PRENSA
Los magos políticos | Por Gilberto LAVENANT
De los personajes, que más impactan, tanto a niños, como adultos, definitivamente, son los magos. Con todo y que se sabe que se trata simplemente de trucos, aún sigue causando admiración, el verlos, cuando meten la mano a la copa de un sombrero, y sacan una paloma o un conejo. De inmediato vuela la imaginación de los espectadores.
Con mayor razón, con aquellos que, a la vista de todo mundo, son capaces de hacer que una persona desaparezca, luego de cubrirla con un manto o encerrarla en una caja. Incluso, partirla en dos. Eso es fabuloso. Es fascinante observarlos y seguramente muchos quisieran poder imitarlos. Parecen tener poderes especiales.
Ahora, podemos decir, que hay otra clase de magos, que también “hacen de las suyas”. Los podemos identificar como “los magos políticos”, porque están incrustrados en la administración pública, en este caso, en la estatal, encabezada por el Gobernador Francisco Vega de la Madrid. Le gusta que le llamen Kiko.
Cabe recordar, que el pasado domingo 6 de abril, se desató un escándalo, cuando surgió a la luz pública, que el Juez Sexto de Distrito, con sede en Mexicali, desde el 31 de enero, giró orden de aprehensión en contra de Guillermo Trejo Dozal, Secretario General del Gobierno del Estado y otras personas más, con las cuales había creado y operado, una empresa que proporcionaba servicios médicos, mediante cuotas mensuales, lo que la autoridad hacendaria equipara a actividades de seguros, que requieren autorización especial para ello.
El gobierno estatal, puso a operar su maquinaria controladora de medios, para minimizar la nota al máximo. Y lo logró en gran parte, pero no pudo frenar las redes sociales, que se dieron vuelo con este tema.
Pues bien, en una de las constancias, a que se hace referencia en la orden de aprehensión, salió a relucir que el Secretario de Desarrollo Económico del Estado, Carlo Bonfante Olache, también está involucrado en tales hechos, pues es tesorero de la empresa prestadora de servicios médicos, aunque no se libró orden de aprehensión en su contra.
Como están pasando los días, y no encuentran cómo justificar la ausencia de Bonfante, sin tener que reconocer oficialmente que anda huyendo, a alguno de los colaboradores de Kiko, se le ocurrió realizar un “acto de mágia”. Y la verdad, le salió bastante bien.
Como los más extraordinarios magos, los ayudantes de Vega de la Madrid, hicieron “aparecer” al funcionario desaparecido, pero sin mostrarlo físicamente, o sea sin que apareciera realmente en ninguna parte. Bueno, fue una “aparición” mediática.
El lunes 21 de abril, o sea esta semana, desde la oficina de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Económico, se hizo circular un boletín de prensa, fechado en Los Angeles, California, dando a conocer que el funcionario en mención, realizó una gira de trabajo, por aquella ciudad, “con el propósito de conocer de las necesidades de empresas del sector de energías renovables, aeroespaciales y automotriz del vecino país”. Pero no enviaron ninguna foto, en la que apareciera Bonfante, en la supuesta gira.
Se cuidaron los detalles, para tratar de darle veracidad a la “aparición” del funcionario. Se dijo que la gira de trabajo incluyó la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico, y obviamente del aún titular de la misma, en el seminario organizado por la empresa PRODENSA, en la ciudad de Anaheim, California.
Entonces, aprovecharon para apuntar nombres de personas, que podrían testificar, en caso de que se cuestionara si es que la gira fue real, o puro cuento. Se dijo que ahí estuvo presente, Emilio Cadena Rubio, Director General y Presidente Ejecutivo de la citada empresa, actual Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de exportación.
Se indica en el boletín, que el seminario se denominó “Sourcing in Mexico Workshop”, y según información imputada a Bonfante, tuvo como objetivo el mostrar las ventajas competitivas y beneficios que ofrece el manufacturar sus productos en México.
Por si todavía quedaran dudas, respecto a la gira en mención, se asevera, que Bonfante estuvo acompañado por el Subsecretario de Promoción y Atracción de Inversión, Juan Antonio Martínez Zaragoza y el Subdirector de la Comisión Estatal de Energía, Filedgar Montoya Castañeda.
El truco, les salió bastante bien. Sin embargo, acostumbrados al lucimiento de los funcionarios públicos, que les encanta acaparar reflectores cuando hacen algo que consideran importante, les faltaron las fotos e incluso videos, de la supuesta gira de trabajo.
Mejor aún, se hubiese esperado a retornar a Baja California, y en conferencia de prensa, habría dado a conocer, con amplios detalles, los resultados de su viaje por el sur de California. Así es que, como su “aparición”, solamente fue mediática, existe casi la certeza de que fue un simple “acto de mágia”.
El asunto en que, tanto Trejo Dozal como Bonfante, están involucrados, así como sus socios, es sumamente grave. Los hechos, aunque ilegales, no son propiamente difamantes, pues se trata de la prestación de servicios médicos. El problema es que no tuvieron el cuidado de indagar los requisitos que tenían que cubrir, para realizar dichas actividades.
Nadie les recordó aquella advertencia : no hagas cosas malas, que parezcan buenas. Así es que, salvo prueba en contrario, todos los involucrados continúan en calidad de fugitivos de la justicia. Ahora falta ver, qué nuevos trucos sacan los “magos” del equipo de Kiko Vega, para establecer el supuesto de que no andan huyendo, sino cumpliendo “comisiones de trabajo”. Bueno, hay magos tan malos, que no engañan tan fácil al público.
gil_lavenants@hotmail.com
martes, 22 de abril de 2014
El Bloque Ciudadano
Miércoles 23 Abril 2014
PALCO DE PRENSA
El Bloque ciudadano. | Por : Gilberto LAVENANT
El pasado 28 de febrero, hace ya casi dos meses, el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí, provocó un escándalo político, al revelar que desde el día en que tomó posesión, estaba siendo hostigado, acosado y extorsionado, por los hermanos Ledezma Romo, o sea el Síndico Procurador, Arturo, y el empresario de las carteleras publicitarias, Miguel, señalando, entre otras cosas, que le exigían el 50% de los ingresos ilegales del gobierno local.
Muchos pensaron que, siendo esto tan delicado, en los siguientes días el edil acudiría a la agencia del ministerio público del fuero común, a hacer la denuncia correspondiente. Sin embargo, no fue así. Parece ser que, luego del encontronazo, las partes involucradas, dejaron dejar todo por la paz. Sin embargo, olvidaron que este no es un asunto entre particulares, que se pueda dejar en un simple : “usted disculpe”, sino entre funcionarios públicos, que deben rendir cuentas de sus actos a la ciudadanía que gobiernan.
En vano fueron los intentos de los periodistas, por saber cuándo y cómo, Astiazarán formalizaría lo denunciado verbalmente. Incluso, días después, como tratando de aclarar que “no se echaba para atrás”, el Alcalde dijo tajante : “lo digo y lo sostengo”.
Pero cuando le reclamaron lo de formalizar la denuncia, simplemente dijo que los presuntos delitos que se pudiesen configurar, a partir de sus señalamientos, deberían ser investigados de oficio, o sea sin necesidad de escrito alguno. Representantes de la PGJE de inmediato respondieron que no era cierto, que había intereses de carácter personal y que requerían que el edil acudiera a denunciarlos.
Total, no pasó nada. Quedaban en el aire dos cosas, sumamente serias. Que la corrupción en el gobierno municipal, es tan enorme, que produce ingresos ilegales por 80 millones de dólares. El Alcalde dijo que sabía de ese tema, pero que pensaba que era puro cuento. “Ahora sé que es una realidad”, comentó.
El otro punto grave, es que hubiese un presunto chantaje o extorsión, de parte del Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, -junto con su hermano Miguel- encargado de velar por el buen uso y destino de los recursos públicos. Y era más que un absurdo, que fuese el promotor de la corrupción, para que le atendieran sus exigencias.
Y conste, a quienes se enteraron de lo declarado por Astiazarán, no les quedó duda alguna, respecto a que dijo la verdad. Ni modo que ahora salgan con que sufre desvaríos, alucinaciones o desviaciones. Gravísimo sería que un Alcalde tuviese ese tipo de desiquilibrios mentales.
Caló tanto esta situación al interior del Palacio Municipal, que el Cabildo en pleno decidió integrar una Comisión Especial de Investigación, designando como Secretario Técnico de la misma, al Regidor Héctor Riveros. El tiempo ha demostrado, que no se trataba de investigar, para aclarar, sino de enredar, para confundir y diluir.
Al ver que pasaban los días y que nadie acudía a las instancias legales correspondientes, fue un tercero, ajeno a este escándalo político, quien acudió al Ministerio Público a hacer la denuncia correspondiente.
La denuncia fue formulada el pasado 14 de marzo, por el C.P. Alberto Escourido Moreno, Presidente de 100 por Tijuana, A.C., siendo registrada, como acta circunstanciada 750/14/211/ac, y luego se abrió la averiguación previa 67/14/204/AP.
La instancia investigadora, le negó al denunciante acceso al expediente de la indagatoria e incluso le rechazaron cualquier probanza que pretendiera aportar, para enriquecer o abundar la denuncia, argumentando que ya tienen todo, ejemplares de periódicos donde se publicaron las notas alusivas a las declaraciones de Astiazarán e incluso videos. Se desconocen las actuaciones.
El tema del escándalo político, entre Astiazarán y el Síndico Ledezma Romo, y el reclamo de que se investiguen y aclaren los hechos, y que se proceda en consecuencia, ha generado un enorme interés, entre dirigentes e integrantes de múltiples organizaciones políticas y sociales de Tijuana.
Y es que no es para menos. Hablar de ingresos ilegales de 80 millones de dólares, hace presumir un alto grado de corrupción en el gobierno municipal.
Ese interés está dando lugar a la formación de un Bloque Ciudadano, para llevar este asunto, hasta sus últimas consecuencias. Se habla de la participación de dirigentes e integrantes de organizaciones como Grupo 100 por Tijuana, A.C., Unidos por Tijuana. Cien años de Esfuerzo, A.C., Colegio de Profesionales y Estudiosos del Derecho, A.C., Colegio de Economistas, Foro Cívico Tijuanense, Ciudadanos por el Derecho de la Ciudad, A.C., Asociación de Descendientes de los Defensores de la B.C. 1911, A.C., Colegio de Jóvenes Abogados de Tijuana, A.C., Asociación de Colonos de Playas de Tijuana, Asociación de Colonos de Camino Verde y Tijuana Activa, A.C., entre otras.
Ya tuvieron una primera reunión. Este día, miércoles 23 de abril, a partir de las 19:00, será la segunda reunión de este Bloque Ciudadano en formación. La cita es en conocido restaurant, ubicado sobre el Boulevard Agua Caliente, en contra esquina del terreno en donde se ubicaba el Toreo de Tijuana. El del muchacho grandote.
Ahí, se dará a conocer, el informe de la Comisión de Seguimiento de la Denuncia presentada ante la procuraduría de Justicia, contra quien resulte responsable, por la presunta comisión del delito de extorsión en grado de tentativa. De manera especial, se dará oportunidad al columnista, Gilberto Lavenant, autor de Palco de prensa, para que les exponga el polémico tema sobre el absurdo arrendamiento de las luminarias de Tijuana. Cuando los ciudadanos se unen, se logran grandes cosas.
gil_lavenants@hotmail.com
PALCO DE PRENSA
El Bloque ciudadano. | Por : Gilberto LAVENANT
El pasado 28 de febrero, hace ya casi dos meses, el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí, provocó un escándalo político, al revelar que desde el día en que tomó posesión, estaba siendo hostigado, acosado y extorsionado, por los hermanos Ledezma Romo, o sea el Síndico Procurador, Arturo, y el empresario de las carteleras publicitarias, Miguel, señalando, entre otras cosas, que le exigían el 50% de los ingresos ilegales del gobierno local.
Muchos pensaron que, siendo esto tan delicado, en los siguientes días el edil acudiría a la agencia del ministerio público del fuero común, a hacer la denuncia correspondiente. Sin embargo, no fue así. Parece ser que, luego del encontronazo, las partes involucradas, dejaron dejar todo por la paz. Sin embargo, olvidaron que este no es un asunto entre particulares, que se pueda dejar en un simple : “usted disculpe”, sino entre funcionarios públicos, que deben rendir cuentas de sus actos a la ciudadanía que gobiernan.
En vano fueron los intentos de los periodistas, por saber cuándo y cómo, Astiazarán formalizaría lo denunciado verbalmente. Incluso, días después, como tratando de aclarar que “no se echaba para atrás”, el Alcalde dijo tajante : “lo digo y lo sostengo”.
Pero cuando le reclamaron lo de formalizar la denuncia, simplemente dijo que los presuntos delitos que se pudiesen configurar, a partir de sus señalamientos, deberían ser investigados de oficio, o sea sin necesidad de escrito alguno. Representantes de la PGJE de inmediato respondieron que no era cierto, que había intereses de carácter personal y que requerían que el edil acudiera a denunciarlos.
Total, no pasó nada. Quedaban en el aire dos cosas, sumamente serias. Que la corrupción en el gobierno municipal, es tan enorme, que produce ingresos ilegales por 80 millones de dólares. El Alcalde dijo que sabía de ese tema, pero que pensaba que era puro cuento. “Ahora sé que es una realidad”, comentó.
El otro punto grave, es que hubiese un presunto chantaje o extorsión, de parte del Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, -junto con su hermano Miguel- encargado de velar por el buen uso y destino de los recursos públicos. Y era más que un absurdo, que fuese el promotor de la corrupción, para que le atendieran sus exigencias.
Y conste, a quienes se enteraron de lo declarado por Astiazarán, no les quedó duda alguna, respecto a que dijo la verdad. Ni modo que ahora salgan con que sufre desvaríos, alucinaciones o desviaciones. Gravísimo sería que un Alcalde tuviese ese tipo de desiquilibrios mentales.
Caló tanto esta situación al interior del Palacio Municipal, que el Cabildo en pleno decidió integrar una Comisión Especial de Investigación, designando como Secretario Técnico de la misma, al Regidor Héctor Riveros. El tiempo ha demostrado, que no se trataba de investigar, para aclarar, sino de enredar, para confundir y diluir.
Al ver que pasaban los días y que nadie acudía a las instancias legales correspondientes, fue un tercero, ajeno a este escándalo político, quien acudió al Ministerio Público a hacer la denuncia correspondiente.
La denuncia fue formulada el pasado 14 de marzo, por el C.P. Alberto Escourido Moreno, Presidente de 100 por Tijuana, A.C., siendo registrada, como acta circunstanciada 750/14/211/ac, y luego se abrió la averiguación previa 67/14/204/AP.
La instancia investigadora, le negó al denunciante acceso al expediente de la indagatoria e incluso le rechazaron cualquier probanza que pretendiera aportar, para enriquecer o abundar la denuncia, argumentando que ya tienen todo, ejemplares de periódicos donde se publicaron las notas alusivas a las declaraciones de Astiazarán e incluso videos. Se desconocen las actuaciones.
El tema del escándalo político, entre Astiazarán y el Síndico Ledezma Romo, y el reclamo de que se investiguen y aclaren los hechos, y que se proceda en consecuencia, ha generado un enorme interés, entre dirigentes e integrantes de múltiples organizaciones políticas y sociales de Tijuana.
Y es que no es para menos. Hablar de ingresos ilegales de 80 millones de dólares, hace presumir un alto grado de corrupción en el gobierno municipal.
Ese interés está dando lugar a la formación de un Bloque Ciudadano, para llevar este asunto, hasta sus últimas consecuencias. Se habla de la participación de dirigentes e integrantes de organizaciones como Grupo 100 por Tijuana, A.C., Unidos por Tijuana. Cien años de Esfuerzo, A.C., Colegio de Profesionales y Estudiosos del Derecho, A.C., Colegio de Economistas, Foro Cívico Tijuanense, Ciudadanos por el Derecho de la Ciudad, A.C., Asociación de Descendientes de los Defensores de la B.C. 1911, A.C., Colegio de Jóvenes Abogados de Tijuana, A.C., Asociación de Colonos de Playas de Tijuana, Asociación de Colonos de Camino Verde y Tijuana Activa, A.C., entre otras.
Ya tuvieron una primera reunión. Este día, miércoles 23 de abril, a partir de las 19:00, será la segunda reunión de este Bloque Ciudadano en formación. La cita es en conocido restaurant, ubicado sobre el Boulevard Agua Caliente, en contra esquina del terreno en donde se ubicaba el Toreo de Tijuana. El del muchacho grandote.
Ahí, se dará a conocer, el informe de la Comisión de Seguimiento de la Denuncia presentada ante la procuraduría de Justicia, contra quien resulte responsable, por la presunta comisión del delito de extorsión en grado de tentativa. De manera especial, se dará oportunidad al columnista, Gilberto Lavenant, autor de Palco de prensa, para que les exponga el polémico tema sobre el absurdo arrendamiento de las luminarias de Tijuana. Cuando los ciudadanos se unen, se logran grandes cosas.
gil_lavenants@hotmail.com
lunes, 21 de abril de 2014
La sordera crónica
PALCO DE PRENSA
La “sordera crónica” | Por : Gilberto LAVENANT
Cada día se suman más voces, reclamando la cancelación del Programa de Verificación Vehicular, luego de haber quedado al descubierto, que además de ser una medida eminentemente recaudatoria, con la que el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán cumplió compromisos políticos con el polémico Jorge Kahwagi, y que se alteraron resultados de estudios sobre contaminación, para hacer creer a los bajacalifornianos, que Tijuana y Mexicali son de las ciudades más contaminadas del mundo.
La insistencia, sobre este tema, es que en unos 10 días, vence el período de gracia de 100 días, establecido por los legisladores locales, para prorrogar la exigencia de la verificación vehicular, para el canje de placas y renovación de tarjetas de circulación.
Cabe recordar que en comisiones, ya habían decidido cancelar dicho programa, pero al someterlo al pleno, gracias a las “negociaciones ocultas”, se hizo valer el mayoriteo, manteniendo el programa y estableciendo solamente el período “de gracia” de 100 días, con la promesa de que durante ese lapso revisarían el tema, a fin de determinar la continuidad, o la cancelación.
En la corriente a favor de la cancelación de la verificación vehicular, ha desempeñado un papel importante el diputado perredista, Roberto Dávalos, Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Legislatura, pues habiendo logrado el apoyo de los integrantes de dicha comisión, para tales efectos, en el pleno “se la sacaron de la bolsa”.
Aún así, Dávalos ha seguido insistiendo. Cuantas veces le ha sido posible, se ha pronunciado en tal sentido. Incluso, en días pasados, hizo un llamado a la ciudadanía, para que se manifiesten en contra de la corrupción, la opacidad e impunidad, exigiendo se dé marcha atrás a la pretensión de que persista la obligatoriedad de la verificación vehicular.
El Legislador señaló, que este tema no tiene discusión, pues los ciudadanos saben que este impuesto es abusivo y que los verificentros se gestaron al amparo de la corrupción de la administración de Osuna Millán y cobijada por el actual gobierno estatal.
Puntualizó que este programa, no tiene como prioridad el cuidado del medio ambiente, sino que es una medida totalmente recaudatoria.
Apenas a fines de marzo, el Secretario de Protección al Ambiente en Baja California, Carlos B. Graizbord Ed, cambió la versión que había venido manejando la administración osunamillanista, para imponer la verificación vehicular, bajo el supuesto de que Mexicali era la tercera ciudad del mundo, más contaminada. Aseveró que la causa de la contaminación del aire, son las tolvaneras, aunadas a la quema de llantas y pastizales.
Así mismo, el 8 de abril, en Mexicali, el Maestro Temoc Avila Hernández, reveló cómo es que pudo percatarse que no existe el dictamen de inconveniencia, en el que se debería de fundamentar y explicar, las razones por las cuales el gobierno estatal tendría que concesionar a particulares el servicio de verificación vehicular , como requisito previo para ello.
Al reconocer abiertamente, las propias autoridades del ramo, la inexistencia de dicho dictamen, se observa que las concesiones se otorgaron ilegalmente y por lo tanto son susceptibles de ser canceladas.
En la reunión en mención, Temoc estuvo acompañado por dirigentes de varios organizaciones de profesionales del Derecho, que avalaron y reiteraron dichas observaciones. El Lic. Herman López Frank, Presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, A.C., Lic. Pedro Ariel Mendívil García, Secretario General de la Federación de Colegios de Abogados del Estado, A.C., Lic. Gloria Ceballos, Presidenta del Colegio de Abogadas de Mexicali, A.C. y el Lic. Fernando López Alarcón, Vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali, A.C.
Esta semana, se sumó a las voces que reclaman la cancelación del Programa de Verificación Vehicular, el C.P. Juan Manuel Hernández Niebla, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien manifestó que se debe suspender, hasta que los objetivos sean replanteados.
Para el líder del CCE de Tijuana, se percibe esto como una medida eminentemente recaudatoria y que no está debidamente justificada, en los términos de transparencia, que debieran manejarse todos los programas de gobierno.
Bueno, si ya está claro que eso de combatir la contaminación, con este programa, es una simple vacilada, en la que lo que cuenta son los pesos y centavos que pretenden recaudar, unos 350 millones de pesos, seguramente habrá quienes pregunten : ¿Y por qué insisten en que la verificación vehicular sea obligatoria, si no resuelve en nada la contaminación?
Cabe observar, que de las frases que repitió con más insistencia, el actual Gobernador, Francisco Arturo Vega de la Madrid, durante su campaña electoral, fueron las siguientes : “con Kiko, la gente manda” y “Kiko tiene mucho corazón para gobernar”.
Entonces, seguro han de cuestionar : ¿Si con Kiko la gente manda y la gente manda que se cancele el Programa de Verificación Vehicular, por qué, entonces, no ha sido cancelado ?
La única respuesta válida, es que Kiko padece una sordera crónica. Este mal lo adquirió a partir de que tomó posesión del cargo de Gobernador. Le ocurre casi a todos los políticos. Es otro de los efectos del llamado “síndrome del ladrillo”. No lo ha querido reconocer, públicamente, porque le da pena decir que está sordo.
Así es que, si desean que les escuche, grítenle, lo más fuerte posible, en plena oreja. Díganle que la gente manda. Que a él, le corresponde, simplemente obedecer.
gil_lavenants@hotmail.com
La “sordera crónica” | Por : Gilberto LAVENANT
Cada día se suman más voces, reclamando la cancelación del Programa de Verificación Vehicular, luego de haber quedado al descubierto, que además de ser una medida eminentemente recaudatoria, con la que el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán cumplió compromisos políticos con el polémico Jorge Kahwagi, y que se alteraron resultados de estudios sobre contaminación, para hacer creer a los bajacalifornianos, que Tijuana y Mexicali son de las ciudades más contaminadas del mundo.
La insistencia, sobre este tema, es que en unos 10 días, vence el período de gracia de 100 días, establecido por los legisladores locales, para prorrogar la exigencia de la verificación vehicular, para el canje de placas y renovación de tarjetas de circulación.
Cabe recordar que en comisiones, ya habían decidido cancelar dicho programa, pero al someterlo al pleno, gracias a las “negociaciones ocultas”, se hizo valer el mayoriteo, manteniendo el programa y estableciendo solamente el período “de gracia” de 100 días, con la promesa de que durante ese lapso revisarían el tema, a fin de determinar la continuidad, o la cancelación.
En la corriente a favor de la cancelación de la verificación vehicular, ha desempeñado un papel importante el diputado perredista, Roberto Dávalos, Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Legislatura, pues habiendo logrado el apoyo de los integrantes de dicha comisión, para tales efectos, en el pleno “se la sacaron de la bolsa”.
Aún así, Dávalos ha seguido insistiendo. Cuantas veces le ha sido posible, se ha pronunciado en tal sentido. Incluso, en días pasados, hizo un llamado a la ciudadanía, para que se manifiesten en contra de la corrupción, la opacidad e impunidad, exigiendo se dé marcha atrás a la pretensión de que persista la obligatoriedad de la verificación vehicular.
El Legislador señaló, que este tema no tiene discusión, pues los ciudadanos saben que este impuesto es abusivo y que los verificentros se gestaron al amparo de la corrupción de la administración de Osuna Millán y cobijada por el actual gobierno estatal.
Puntualizó que este programa, no tiene como prioridad el cuidado del medio ambiente, sino que es una medida totalmente recaudatoria.
Apenas a fines de marzo, el Secretario de Protección al Ambiente en Baja California, Carlos B. Graizbord Ed, cambió la versión que había venido manejando la administración osunamillanista, para imponer la verificación vehicular, bajo el supuesto de que Mexicali era la tercera ciudad del mundo, más contaminada. Aseveró que la causa de la contaminación del aire, son las tolvaneras, aunadas a la quema de llantas y pastizales.
Así mismo, el 8 de abril, en Mexicali, el Maestro Temoc Avila Hernández, reveló cómo es que pudo percatarse que no existe el dictamen de inconveniencia, en el que se debería de fundamentar y explicar, las razones por las cuales el gobierno estatal tendría que concesionar a particulares el servicio de verificación vehicular , como requisito previo para ello.
Al reconocer abiertamente, las propias autoridades del ramo, la inexistencia de dicho dictamen, se observa que las concesiones se otorgaron ilegalmente y por lo tanto son susceptibles de ser canceladas.
En la reunión en mención, Temoc estuvo acompañado por dirigentes de varios organizaciones de profesionales del Derecho, que avalaron y reiteraron dichas observaciones. El Lic. Herman López Frank, Presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, A.C., Lic. Pedro Ariel Mendívil García, Secretario General de la Federación de Colegios de Abogados del Estado, A.C., Lic. Gloria Ceballos, Presidenta del Colegio de Abogadas de Mexicali, A.C. y el Lic. Fernando López Alarcón, Vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali, A.C.
Esta semana, se sumó a las voces que reclaman la cancelación del Programa de Verificación Vehicular, el C.P. Juan Manuel Hernández Niebla, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien manifestó que se debe suspender, hasta que los objetivos sean replanteados.
Para el líder del CCE de Tijuana, se percibe esto como una medida eminentemente recaudatoria y que no está debidamente justificada, en los términos de transparencia, que debieran manejarse todos los programas de gobierno.
Bueno, si ya está claro que eso de combatir la contaminación, con este programa, es una simple vacilada, en la que lo que cuenta son los pesos y centavos que pretenden recaudar, unos 350 millones de pesos, seguramente habrá quienes pregunten : ¿Y por qué insisten en que la verificación vehicular sea obligatoria, si no resuelve en nada la contaminación?
Cabe observar, que de las frases que repitió con más insistencia, el actual Gobernador, Francisco Arturo Vega de la Madrid, durante su campaña electoral, fueron las siguientes : “con Kiko, la gente manda” y “Kiko tiene mucho corazón para gobernar”.
Entonces, seguro han de cuestionar : ¿Si con Kiko la gente manda y la gente manda que se cancele el Programa de Verificación Vehicular, por qué, entonces, no ha sido cancelado ?
La única respuesta válida, es que Kiko padece una sordera crónica. Este mal lo adquirió a partir de que tomó posesión del cargo de Gobernador. Le ocurre casi a todos los políticos. Es otro de los efectos del llamado “síndrome del ladrillo”. No lo ha querido reconocer, públicamente, porque le da pena decir que está sordo.
Así es que, si desean que les escuche, grítenle, lo más fuerte posible, en plena oreja. Díganle que la gente manda. Que a él, le corresponde, simplemente obedecer.
gil_lavenants@hotmail.com
domingo, 20 de abril de 2014
Los Intocables
PALCO DE PRENSA
Los intocables | Por : Gilberto LAVENANT
Es más que un absurdo, algo sumamente lamentable, que en México exista una clase de individuos, de los que nadie puede hablar, ni levantar sospechas. Y no son precisamente los mafiosos, los integrantes del llamado crimen organizado, sino los políticos.
El columnista ha insistido, frecuentemente, que los políticos conjugan a la perfección –y lo llevan a la práctica- el verbo tapar. El : yo te tapo, tú me tapas, ellos nos tapan, nosotros nos tapamos, es casi una constante entre los políticos. Todos son tapaderas, de sí mismos y de los demás.
Como que para los políticos pesa mucho, aquella sentencia que advierte : “los carniceros de hoy, serán las reses del mañana”. Así es que, ni de chiste, quieren ser carniceros, tratando de evitar llegar a ser reses.
Eso explica, y bastante, la actitud asumida por los alcaldes priístas, Jorge Astiazarán Orcí, de Tijuana, César Moreno, de Tecate y Gilberto Hirata Chico, de Ensenada, para no hacer nada en contra de sus antecesores, también priístas, pese al cúmulo de irregularidades en que incurrieron, durante sus respectivas gestiones administrativas.
De paso, la dirigente partidista, Nancy Sánchez Arredondo, reclama a propios y extraños, que hagan su trabajo, pero sin tratar de ver por el espejo retrovisor. Le molesta, que panistas o priístas, ventilen cochinadas de sus antecesores. Por eso, son menos las posibilidades de que los alcaldes priístas, hagan algo, en contra de sus antecesores. Sería casi un pecado mortal, políticamente hablando.
En el caso de Tijuana, la situación es patética. A poco más de 4 meses, se observa que el alcalde Astizarán Orcí, no tiene ninguna intención de presentar denuncia o formular reclamo alguno en contra del empresario priísta, Carlos Bustamante Anchondo.
Como que ya hubo trato, pacto o negociación en ese sentido. El “yo te tapo”, se está aplicando a la perfección.
Recientemente, en sesión de cabildo, hubo un intento de rebelión, cuando la Comisión de Hacienda, presentó un punto de acuerdo, para pagar 5 millones de pesos, bajo la modalidad de ampliación del presupuesto, para pagar honorarios a dos despachos privados, supuestamente contratados por Bustamante, para el cobro de impuesto predial rezagado.
Fue aprobada por mayoría, pero hubo 3 votos en contra, pues reclamaban que no les mostraron constancia alguna que acreditara que efectivamente hayan prestado el servicio para el que supuestamente fueron contratados. Los opositores, los regidores Omar Sarabia y María del Refugio Lugo Jiménez, así como el Síndico Social, Bernabé Esquer. Los demás, como en los juegos de cartas, “pasaron sin ver”.
Mientras tanto, en la Sindicatura Procuradora, “duermen los sueños de los justos”, las múltiples irregularidades reportadas por funcionarios del XXI Ayuntamiento, respecto a la gestión de Bustamante. Y nadie dice nada.
Hay otro tema, sumamente controvertido, que esté recibiendo un tratamiento similar. El del absurdo arrendamiento de las luminarias de Tijuana. Su costo de compra, a precios de mercado, debió ser de aproximádamente 30 millones de pesos. Bustamante las adquirió en arrendamiento por 144 millones de pesos, más el costo financiero, dicen que el monto se eleva a unos 179 millones de pesos. Pero nadie, del XXI Ayuntamiento, que encabeza Astiazarán Orcí, se atreve a señalar con el dedo índice a Bustamante. Esta semana, el columnista habrá de abordar este tema.
Y si eso pasa en el plano municipal, con mayor razón ocurre a niveles más altos de la política. Como ejemplo, está el enfrentamiento entre el político Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados federales priístas, y la periodista Denise Dresser.
Denise, bajo el título de “Cloaca abierta”, refirió hechos bochornosos, en los que ha resultado involucrado el priísta Beltrones Rivera. Se habla de relaciones con el narcotráfico, en su época de Gobernador de Sonora y recientemente en el cobro de “moches”, para conseguir recursos federales a alcaldes.
Manlio trató de minimizar dichos temas, argumentando que no le agradan los chismes, los chismosos y los moches y asignó a un emisario, para lanzar una lluvia de descalificaciones en contra de la periodista. Pocos medios, abrieron espacios para difundir esto.
Las dudas o sospechas, en torno a las actuaciones de Beltrones, se manejan a nivel de “leyendas urbanas”, precisamente porque las autoridades correspondientes regatean la información y no se atreven a abrir expedientes, para que se conozca la verdad.
Al margen de la seriedad de la periodista, esta situación podría ser aprovechada, impulsada y financiada, por rivales políticos de Manlio, que, sin duda alguna, intentarán descarrilarlo, en su carrera hacia la Presidencia de la República.
Lo delicado del asunto, es que Manlio, es uno de los políticos más influyentes en la política mexicana. Ventilar sus lados negativos, en los medios de difusión, es algo casi imposible. Es uno de los intocables.
Los presupuestos públicos, siguen siendo utilizados como el método más efectivo para comprar silencios en los medios periodísticos. Y todavía se escucha el eco de aquella sentencia lopezportillista : “no pago, para que me peguen”.
En los planos locales, estatales y municipales, la práctica es común. Los políticos bajacalifornianos, están convencidos de que el dinero público, es ideal para blindarlos. Para que nadie les exhiba como “manos largas”, ineptos o abusivos. También se jactan de formar parte de la legión de “los intocables”.
gil_lavenants@hotmail.com
Los intocables | Por : Gilberto LAVENANT
Es más que un absurdo, algo sumamente lamentable, que en México exista una clase de individuos, de los que nadie puede hablar, ni levantar sospechas. Y no son precisamente los mafiosos, los integrantes del llamado crimen organizado, sino los políticos.
El columnista ha insistido, frecuentemente, que los políticos conjugan a la perfección –y lo llevan a la práctica- el verbo tapar. El : yo te tapo, tú me tapas, ellos nos tapan, nosotros nos tapamos, es casi una constante entre los políticos. Todos son tapaderas, de sí mismos y de los demás.
Como que para los políticos pesa mucho, aquella sentencia que advierte : “los carniceros de hoy, serán las reses del mañana”. Así es que, ni de chiste, quieren ser carniceros, tratando de evitar llegar a ser reses.
Eso explica, y bastante, la actitud asumida por los alcaldes priístas, Jorge Astiazarán Orcí, de Tijuana, César Moreno, de Tecate y Gilberto Hirata Chico, de Ensenada, para no hacer nada en contra de sus antecesores, también priístas, pese al cúmulo de irregularidades en que incurrieron, durante sus respectivas gestiones administrativas.
De paso, la dirigente partidista, Nancy Sánchez Arredondo, reclama a propios y extraños, que hagan su trabajo, pero sin tratar de ver por el espejo retrovisor. Le molesta, que panistas o priístas, ventilen cochinadas de sus antecesores. Por eso, son menos las posibilidades de que los alcaldes priístas, hagan algo, en contra de sus antecesores. Sería casi un pecado mortal, políticamente hablando.
En el caso de Tijuana, la situación es patética. A poco más de 4 meses, se observa que el alcalde Astizarán Orcí, no tiene ninguna intención de presentar denuncia o formular reclamo alguno en contra del empresario priísta, Carlos Bustamante Anchondo.
Como que ya hubo trato, pacto o negociación en ese sentido. El “yo te tapo”, se está aplicando a la perfección.
Recientemente, en sesión de cabildo, hubo un intento de rebelión, cuando la Comisión de Hacienda, presentó un punto de acuerdo, para pagar 5 millones de pesos, bajo la modalidad de ampliación del presupuesto, para pagar honorarios a dos despachos privados, supuestamente contratados por Bustamante, para el cobro de impuesto predial rezagado.
Fue aprobada por mayoría, pero hubo 3 votos en contra, pues reclamaban que no les mostraron constancia alguna que acreditara que efectivamente hayan prestado el servicio para el que supuestamente fueron contratados. Los opositores, los regidores Omar Sarabia y María del Refugio Lugo Jiménez, así como el Síndico Social, Bernabé Esquer. Los demás, como en los juegos de cartas, “pasaron sin ver”.
Mientras tanto, en la Sindicatura Procuradora, “duermen los sueños de los justos”, las múltiples irregularidades reportadas por funcionarios del XXI Ayuntamiento, respecto a la gestión de Bustamante. Y nadie dice nada.
Hay otro tema, sumamente controvertido, que esté recibiendo un tratamiento similar. El del absurdo arrendamiento de las luminarias de Tijuana. Su costo de compra, a precios de mercado, debió ser de aproximádamente 30 millones de pesos. Bustamante las adquirió en arrendamiento por 144 millones de pesos, más el costo financiero, dicen que el monto se eleva a unos 179 millones de pesos. Pero nadie, del XXI Ayuntamiento, que encabeza Astiazarán Orcí, se atreve a señalar con el dedo índice a Bustamante. Esta semana, el columnista habrá de abordar este tema.
Y si eso pasa en el plano municipal, con mayor razón ocurre a niveles más altos de la política. Como ejemplo, está el enfrentamiento entre el político Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados federales priístas, y la periodista Denise Dresser.
Denise, bajo el título de “Cloaca abierta”, refirió hechos bochornosos, en los que ha resultado involucrado el priísta Beltrones Rivera. Se habla de relaciones con el narcotráfico, en su época de Gobernador de Sonora y recientemente en el cobro de “moches”, para conseguir recursos federales a alcaldes.
Manlio trató de minimizar dichos temas, argumentando que no le agradan los chismes, los chismosos y los moches y asignó a un emisario, para lanzar una lluvia de descalificaciones en contra de la periodista. Pocos medios, abrieron espacios para difundir esto.
Las dudas o sospechas, en torno a las actuaciones de Beltrones, se manejan a nivel de “leyendas urbanas”, precisamente porque las autoridades correspondientes regatean la información y no se atreven a abrir expedientes, para que se conozca la verdad.
Al margen de la seriedad de la periodista, esta situación podría ser aprovechada, impulsada y financiada, por rivales políticos de Manlio, que, sin duda alguna, intentarán descarrilarlo, en su carrera hacia la Presidencia de la República.
Lo delicado del asunto, es que Manlio, es uno de los políticos más influyentes en la política mexicana. Ventilar sus lados negativos, en los medios de difusión, es algo casi imposible. Es uno de los intocables.
Los presupuestos públicos, siguen siendo utilizados como el método más efectivo para comprar silencios en los medios periodísticos. Y todavía se escucha el eco de aquella sentencia lopezportillista : “no pago, para que me peguen”.
En los planos locales, estatales y municipales, la práctica es común. Los políticos bajacalifornianos, están convencidos de que el dinero público, es ideal para blindarlos. Para que nadie les exhiba como “manos largas”, ineptos o abusivos. También se jactan de formar parte de la legión de “los intocables”.
gil_lavenants@hotmail.com
Los Patrones
PALCO DE PRENSA
Los Patrones. | Por : Gilberto LAVENANT
LOS PATRONES!
Los políticos, sí que no tienen vergüenza. En la función pública, manejan los dineros del gobierno, como si fuesen de su propiedad, siempre derrochadores y frívolos. Pero cuando se trata de hablar sobre las prestaciones de los trabajadores, adoptan postura de patrones y regatean hasta los centavos.
A los políticos, les valen gorro, las necesidades sociales. La economía de ellos, “gracias” a la política, es solvente. Ganan muy bien, aunque trabajan poco. Se les olvida, que no hace muchos, la mayoría andaba “con una mano atrás y otra delante”, que tuvieron que recurrir a la hipocresía, que les sale bastante bien, para que votaran por ellos.
Pero ya en el cargo público, se llenan de arrogancia. Se sienten miembros de la realeza, herederos de los más recalcitrantes hacendados, inventores de las “tiendas de raya”. Serían orgullosos miembros de cualesquier organización patronal.
Casi todos son iguales. Desde el Gobernador, pasando por los legisladores, hasta los alcaldes. Según ellos, no deberían de existir los empleados de base, los sindicalizados. Que fuesen libres, para hacer con ellos lo que les plazca.
Y ahí los tienen. Lo que ocurrió con el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, está pasando con el guerito carismático, de los ojos claros, Francisco Arturo Vega de la Madrid.
El 7 de noviembre de 2011, Osuna Millán presentó a la Legislatura Estatal, un proyecto de reforma a la Ley del Servicio Civil, que es la versión de la Ley Laboral para los empleados de gobierno. Pretendía aniquilar gran parte de las prestaciones de los sindicalizados, con una propuesta firmada en conjunto con los cinco alcaldes priístas.
Para fortuna de los burócratas, o sea los empleados de gobierno, eran tiempos políticos. Empezaba a calentarse el ambiente, hacia los comicios del 2013, y nadie quizo pagar los “platos rotos”.
Los Alcaldes se zafaron, revelaron que Osuna Millán se los había comentado, pero que casi los obligó a firmar, bajo el supuesto de que les daría recursos, para salir del atolladero financiero en que se encontraban.
Por su parte, los legisladores, siendo mayoría priísta, bajo la tutela de Fernando Castro Trenti, aspirante a Gobernador, decidieron darle la espalda al entonces Jefe del Ejecutivo Estatal, y enviaron el proyecto al bote de la basura.
Ahora, está haciendo lo mismo, el Gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid. El que dice que tiene mucho corazón para gobernar y que afirma que con él, la gente manda. Retomó el proyecto osunamillanista, le pulió y destacó el corte eminentemente patronal y de nueva cuenta, cual vil cacique, pretende cancelar las prestaciones de los empleados de gobierno.
El pasado 29 de marzo, del año en curso, Kiko presentó su proyecto en el Congreso del Estado. Pretendían aprobarlo, con dispensa de trámite, pero se les hizo demasiada osadía, así es que tuvieron que enviarlo a Comisiones, para su discusión, modificación y aprobación.
Se estuvo manejando, prácticamente en lo oscurito. Se dice que, por instrucciones de Kiko, el exdiputado local Gilberto González Solis, ya tenía preparado todo, para que en el pleno del 17 de abril, mediante mayoriteo, en atención a negociaciones con la gran parte de los integrantes del Congreso del Estado, se lograra la aprobación.
Para ello, también habían negociado con Victoria Bentley, lidereza sindical estatal. Quien incluso habla linduras del proyecto, postura que le ha ganado la calificación de traidora, por los dirigentes y sindicalizados del resto del estado.
Los deseos e instrucciones de Kiko, por el momento se vieron frustrados. La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXI Legislatura, encabezada por el diputado perredista, Roberto Dávalos, se negó a acatar la consigna del “fast track” y decidieron consultar a los sindicalizados, antes de someter a votación este asunto.
El proyecto de reforma, es un verdadero “frankestein”. Provoca el terror de cualquiera. Entre otras cosas, eliminan a los trabajadores de organismos descentralizados e incluso modifican el nombre de la Ley, para ello.
Se elimina al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como autoridades laborales. Porque ahí se frenan muchas de las actitudes caciquiles, en contra de los trabajadores. Violan los principios generales de derecho laboral, como el pretender que la relación laboral inicie en base al nombramiento, contrato o cualquier otro, cuando que el derecho laboral advierte que inicia, a partir de que el trabajador presta un servicio personal y subordinado al patrón, independientemente de que no exista nombramiento o contrato.
Aumentan al gusto la clasificación de los trabajadores, para que en lugar de ser de confianza y de base, sean definitivos, interinos y provisionales. Les faltó incluir a los meritorios, esos empleados, que, sin recibir un salario, prestan servicios de a gratis, con la esperanza de algún día ser empleados formales. Todo, considerando la naturaleza del servicio y la duración.
Total, son tantas las aberrantes pretensiones, caciquiles, que los trabajadores de gobierno, prácticamente quedarán como simples esclavos. Lo irónico, es que tales pretensiones, las fundamentan, como un acto desesperado, para aliviar la crisis financiera del gobierno estatal, municipales y organismos descentralizados.
Que ni se hagan tontos. Son más los empleados de confianza, que los sindicalizados. Las nóminas oficiales “engordan”, por los recomendados de los gobernantes, al inicio de sus gestiones. Y en cuanto a los pretendidos ahorros, que les amarren las manos –aunque lo ideal sería que se las cortaran- para que dejen de saquear las arcas públicas.
Ya es tiempo de que la ciudadanía despierte, para frenar a estos políticos sin vergüenza. Parecen patrones. Meros caciques explotadores.
gil_lavenants@hotmail.com
Los Patrones. | Por : Gilberto LAVENANT
LOS PATRONES!
Los políticos, sí que no tienen vergüenza. En la función pública, manejan los dineros del gobierno, como si fuesen de su propiedad, siempre derrochadores y frívolos. Pero cuando se trata de hablar sobre las prestaciones de los trabajadores, adoptan postura de patrones y regatean hasta los centavos.
A los políticos, les valen gorro, las necesidades sociales. La economía de ellos, “gracias” a la política, es solvente. Ganan muy bien, aunque trabajan poco. Se les olvida, que no hace muchos, la mayoría andaba “con una mano atrás y otra delante”, que tuvieron que recurrir a la hipocresía, que les sale bastante bien, para que votaran por ellos.
Pero ya en el cargo público, se llenan de arrogancia. Se sienten miembros de la realeza, herederos de los más recalcitrantes hacendados, inventores de las “tiendas de raya”. Serían orgullosos miembros de cualesquier organización patronal.
Casi todos son iguales. Desde el Gobernador, pasando por los legisladores, hasta los alcaldes. Según ellos, no deberían de existir los empleados de base, los sindicalizados. Que fuesen libres, para hacer con ellos lo que les plazca.
Y ahí los tienen. Lo que ocurrió con el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, está pasando con el guerito carismático, de los ojos claros, Francisco Arturo Vega de la Madrid.
El 7 de noviembre de 2011, Osuna Millán presentó a la Legislatura Estatal, un proyecto de reforma a la Ley del Servicio Civil, que es la versión de la Ley Laboral para los empleados de gobierno. Pretendía aniquilar gran parte de las prestaciones de los sindicalizados, con una propuesta firmada en conjunto con los cinco alcaldes priístas.
Para fortuna de los burócratas, o sea los empleados de gobierno, eran tiempos políticos. Empezaba a calentarse el ambiente, hacia los comicios del 2013, y nadie quizo pagar los “platos rotos”.
Los Alcaldes se zafaron, revelaron que Osuna Millán se los había comentado, pero que casi los obligó a firmar, bajo el supuesto de que les daría recursos, para salir del atolladero financiero en que se encontraban.
Por su parte, los legisladores, siendo mayoría priísta, bajo la tutela de Fernando Castro Trenti, aspirante a Gobernador, decidieron darle la espalda al entonces Jefe del Ejecutivo Estatal, y enviaron el proyecto al bote de la basura.
Ahora, está haciendo lo mismo, el Gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid. El que dice que tiene mucho corazón para gobernar y que afirma que con él, la gente manda. Retomó el proyecto osunamillanista, le pulió y destacó el corte eminentemente patronal y de nueva cuenta, cual vil cacique, pretende cancelar las prestaciones de los empleados de gobierno.
El pasado 29 de marzo, del año en curso, Kiko presentó su proyecto en el Congreso del Estado. Pretendían aprobarlo, con dispensa de trámite, pero se les hizo demasiada osadía, así es que tuvieron que enviarlo a Comisiones, para su discusión, modificación y aprobación.
Se estuvo manejando, prácticamente en lo oscurito. Se dice que, por instrucciones de Kiko, el exdiputado local Gilberto González Solis, ya tenía preparado todo, para que en el pleno del 17 de abril, mediante mayoriteo, en atención a negociaciones con la gran parte de los integrantes del Congreso del Estado, se lograra la aprobación.
Para ello, también habían negociado con Victoria Bentley, lidereza sindical estatal. Quien incluso habla linduras del proyecto, postura que le ha ganado la calificación de traidora, por los dirigentes y sindicalizados del resto del estado.
Los deseos e instrucciones de Kiko, por el momento se vieron frustrados. La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXI Legislatura, encabezada por el diputado perredista, Roberto Dávalos, se negó a acatar la consigna del “fast track” y decidieron consultar a los sindicalizados, antes de someter a votación este asunto.
El proyecto de reforma, es un verdadero “frankestein”. Provoca el terror de cualquiera. Entre otras cosas, eliminan a los trabajadores de organismos descentralizados e incluso modifican el nombre de la Ley, para ello.
Se elimina al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como autoridades laborales. Porque ahí se frenan muchas de las actitudes caciquiles, en contra de los trabajadores. Violan los principios generales de derecho laboral, como el pretender que la relación laboral inicie en base al nombramiento, contrato o cualquier otro, cuando que el derecho laboral advierte que inicia, a partir de que el trabajador presta un servicio personal y subordinado al patrón, independientemente de que no exista nombramiento o contrato.
Aumentan al gusto la clasificación de los trabajadores, para que en lugar de ser de confianza y de base, sean definitivos, interinos y provisionales. Les faltó incluir a los meritorios, esos empleados, que, sin recibir un salario, prestan servicios de a gratis, con la esperanza de algún día ser empleados formales. Todo, considerando la naturaleza del servicio y la duración.
Total, son tantas las aberrantes pretensiones, caciquiles, que los trabajadores de gobierno, prácticamente quedarán como simples esclavos. Lo irónico, es que tales pretensiones, las fundamentan, como un acto desesperado, para aliviar la crisis financiera del gobierno estatal, municipales y organismos descentralizados.
Que ni se hagan tontos. Son más los empleados de confianza, que los sindicalizados. Las nóminas oficiales “engordan”, por los recomendados de los gobernantes, al inicio de sus gestiones. Y en cuanto a los pretendidos ahorros, que les amarren las manos –aunque lo ideal sería que se las cortaran- para que dejen de saquear las arcas públicas.
Ya es tiempo de que la ciudadanía despierte, para frenar a estos políticos sin vergüenza. Parecen patrones. Meros caciques explotadores.
gil_lavenants@hotmail.com
viernes, 18 de abril de 2014
Los Investigadores
PALCO DE PRENSA
Sábado 19 Abril 2014
Los investigadores | Por : Gilberto LAVENANT
El equipo cercano de colaboradores, del Gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid –le gusta que le llamen Kiko- recibió una orden tajante : que investiguen, para saber quien o quienes son los autores de la filtración de la orden de aprehensión, librada en contra del Dr. Guillermo Trejo Dozal, Secretario General de Gobierno, con licencia.
Bueno, los flamantes investigadores andan husmeando, por doquier, tratando de dar con las pistas que les lleven a identificar al “Edward Snowden” bajacaliforniano, porque podría ocasionar mayores daños a la administración panista, si logra obtener documentos comprometedores.
Los “expertos” en “campañas negras”, saben perfectamente que no tienen que ir lejos, aunque quizás no sea tan sencillo descubrir identidades y en caso de lograrlo, podría ocurrir que lo mantengan como “top secret”.
Los conocedores del tema refieren esto, como el caso del perro que se la pasa girando en torno a sí mismo, siguiendo su propia cola, con el afán de alcanzarla, hasta dar con el sospechoso.
Dicho en otras palabras, la revelación de la orden judicial, para capturar a Trejo Dozal, fue “fuego amigo”. Así se dice, cuando agresores y víctima, son del mismo equipo, aunque no precisamente sean amigos entre sí.
Hay quienes, se atreven a decir, aunque en voz baja, que esto fue simplemente un asunto de justicia. Un supuesto perredista, ocupaba el segundo lugar en importancia, dentro de la administración estatal, y era necesario desplazarlo, para que el cargo quede en mano de un panista. Y así, todos felices.
Hasta el escritorio de Kiko, han llegado reportes con diversas versiones. Algunas de ellas, bastante “jaladas de los pelos”. Que fueron los priístas, tratando de debilitar al panismo, hacia los comicios intermedios del 2015, por ejemplo.
En otras, hasta citan nombres de posibles o presuntos autores intelectuales. En especial, tratan de identificar a personajes, aparentemente ligados con el columnista, autor de Palco de Prensa, uno de los primeros en hacer pública la información, luego de recibida, el domingo 6 de abril.
Saben, perfectamente, que la información fue proporcionada a los medios, mediante el correo electrónico liebritha1@gmail, cuyo autor se identifica simplemente como Liebrita L.L., que suele remitir, textos o información relativa a cochinadas de los blanquiazules.
Sabiendo y reconociendo esto, se limita al “campo blanquiazul”, la búsqueda de posibles responsables de la filtración. Aquí es cuando cabe aplicar aquello del perro que gira en torno a sí mismo, tratando de alcanzar su propia cola.
Los investigadores policiacos, cuando ocurre un crimen, establecen múltiples líneas de investigación. En este caso, algunas de las principales, serían las relativas al entorno personal o político de los involucrados.
Entonces, habría qué preguntar ¿Quiénes serían los beneficiados, con la destitución y captura de Trejo Dozal? o ¿Quiénes son sus rivales políticos, al interior del gabinete kikista? En especial, ¿Quién tiene influencia o relación con el Poder Judicial Federal, para obtener copia de la orden de aprehensión, filtrada a los medios ?
Cabe observar que las ordenes de aprehensión, son documentos ultrasecretos, que se manejan con absoluto sigilo, a fin de que no se enteren los indiciados y sea posible su captura.
En principio, solamente se entera el juez de la causa, el que emite la orden, y su secretario de acuerdos, que la valida. El agente del ministerio público adscrito al tribunal, el personal de la Procuraduría General de la República que las recibe, para su registro y asignación de los policías a cargo de la ejecución.
Lo más común, es que los policías, que traen en sus manos la orden de aprehensión, acuden con el indiciado, le hacen saber sobre la inminente captura, pero acceden a ser “pacientes”, previa “cooperación” económica. Y así, cuantas veces sea posible.
La orden fue librada, el 31 de enero de 2014, por el Lic. Pedro Jara Venegas, Juez Sexto de Distrito en el Estado, dentro del proceso penal 21/2014. Es relativamente sencillo identificar al o a los posibles “indiscretos”. El Consejo de la Judicatura Federal, ya debe estar operando para ello. Cualquier cambio en dicho tribunal, revelará posibles autores.
Sin embargo, dentro de esa cadena, hay un personaje, que podría estar involucrado. Se llama Rafael González Cervantes y es el Delegado de la Procuraduría General de la República en Baja California. Fue subprocurador de justicia, en Playas de Rosarito, en la administración del gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Mínimo, es el responsable de indagar y reportar a sus superiores, quien o quienes fueron los “filtradores”.
Aunque han tratado de minimizar la situación jurídica del Dr. Guillermo Trejo Dozal, la verdad es que están sumamente preocupados, ante la posibilidad de que sea capturado en cualquier momento, así como los demás implicados, entre ellos, Carlos Humberto Bonfante Olache, Secretario de Desarrollo Económico.
Pero más preocupados están, por tratar de localizar e identificar al “filtrador” de la información. Los panistas deben aceptar, que hay varios blanquiazules expertos en la materia o que reúnen el perfil. Ni para que pierden el tiempo buscando en otras partes.
gil_lavenants@hotmail.com
Sábado 19 Abril 2014
Los investigadores | Por : Gilberto LAVENANT
El equipo cercano de colaboradores, del Gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid –le gusta que le llamen Kiko- recibió una orden tajante : que investiguen, para saber quien o quienes son los autores de la filtración de la orden de aprehensión, librada en contra del Dr. Guillermo Trejo Dozal, Secretario General de Gobierno, con licencia.
Bueno, los flamantes investigadores andan husmeando, por doquier, tratando de dar con las pistas que les lleven a identificar al “Edward Snowden” bajacaliforniano, porque podría ocasionar mayores daños a la administración panista, si logra obtener documentos comprometedores.
Los “expertos” en “campañas negras”, saben perfectamente que no tienen que ir lejos, aunque quizás no sea tan sencillo descubrir identidades y en caso de lograrlo, podría ocurrir que lo mantengan como “top secret”.
Los conocedores del tema refieren esto, como el caso del perro que se la pasa girando en torno a sí mismo, siguiendo su propia cola, con el afán de alcanzarla, hasta dar con el sospechoso.
Dicho en otras palabras, la revelación de la orden judicial, para capturar a Trejo Dozal, fue “fuego amigo”. Así se dice, cuando agresores y víctima, son del mismo equipo, aunque no precisamente sean amigos entre sí.
Hay quienes, se atreven a decir, aunque en voz baja, que esto fue simplemente un asunto de justicia. Un supuesto perredista, ocupaba el segundo lugar en importancia, dentro de la administración estatal, y era necesario desplazarlo, para que el cargo quede en mano de un panista. Y así, todos felices.
Hasta el escritorio de Kiko, han llegado reportes con diversas versiones. Algunas de ellas, bastante “jaladas de los pelos”. Que fueron los priístas, tratando de debilitar al panismo, hacia los comicios intermedios del 2015, por ejemplo.
En otras, hasta citan nombres de posibles o presuntos autores intelectuales. En especial, tratan de identificar a personajes, aparentemente ligados con el columnista, autor de Palco de Prensa, uno de los primeros en hacer pública la información, luego de recibida, el domingo 6 de abril.
Saben, perfectamente, que la información fue proporcionada a los medios, mediante el correo electrónico liebritha1@gmail, cuyo autor se identifica simplemente como Liebrita L.L., que suele remitir, textos o información relativa a cochinadas de los blanquiazules.
Sabiendo y reconociendo esto, se limita al “campo blanquiazul”, la búsqueda de posibles responsables de la filtración. Aquí es cuando cabe aplicar aquello del perro que gira en torno a sí mismo, tratando de alcanzar su propia cola.
Los investigadores policiacos, cuando ocurre un crimen, establecen múltiples líneas de investigación. En este caso, algunas de las principales, serían las relativas al entorno personal o político de los involucrados.
Entonces, habría qué preguntar ¿Quiénes serían los beneficiados, con la destitución y captura de Trejo Dozal? o ¿Quiénes son sus rivales políticos, al interior del gabinete kikista? En especial, ¿Quién tiene influencia o relación con el Poder Judicial Federal, para obtener copia de la orden de aprehensión, filtrada a los medios ?
Cabe observar que las ordenes de aprehensión, son documentos ultrasecretos, que se manejan con absoluto sigilo, a fin de que no se enteren los indiciados y sea posible su captura.
En principio, solamente se entera el juez de la causa, el que emite la orden, y su secretario de acuerdos, que la valida. El agente del ministerio público adscrito al tribunal, el personal de la Procuraduría General de la República que las recibe, para su registro y asignación de los policías a cargo de la ejecución.
Lo más común, es que los policías, que traen en sus manos la orden de aprehensión, acuden con el indiciado, le hacen saber sobre la inminente captura, pero acceden a ser “pacientes”, previa “cooperación” económica. Y así, cuantas veces sea posible.
La orden fue librada, el 31 de enero de 2014, por el Lic. Pedro Jara Venegas, Juez Sexto de Distrito en el Estado, dentro del proceso penal 21/2014. Es relativamente sencillo identificar al o a los posibles “indiscretos”. El Consejo de la Judicatura Federal, ya debe estar operando para ello. Cualquier cambio en dicho tribunal, revelará posibles autores.
Sin embargo, dentro de esa cadena, hay un personaje, que podría estar involucrado. Se llama Rafael González Cervantes y es el Delegado de la Procuraduría General de la República en Baja California. Fue subprocurador de justicia, en Playas de Rosarito, en la administración del gobernador José Guadalupe Osuna Millán. Mínimo, es el responsable de indagar y reportar a sus superiores, quien o quienes fueron los “filtradores”.
Aunque han tratado de minimizar la situación jurídica del Dr. Guillermo Trejo Dozal, la verdad es que están sumamente preocupados, ante la posibilidad de que sea capturado en cualquier momento, así como los demás implicados, entre ellos, Carlos Humberto Bonfante Olache, Secretario de Desarrollo Económico.
Pero más preocupados están, por tratar de localizar e identificar al “filtrador” de la información. Los panistas deben aceptar, que hay varios blanquiazules expertos en la materia o que reúnen el perfil. Ni para que pierden el tiempo buscando en otras partes.
gil_lavenants@hotmail.com
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